Bisordi renunció pero el Consejo lo quiere echar

La Comisión de Disciplina y Acusación estudiará la próxima semana un proyecto de resolución presentado por la diputada Diana Conti que propone citar al juez Alfredo Bisordi a una audiencia para que haga su descargo sobre las denuncias en su contra, que según adelantó la consejera constituyen causal de mal desempeño.

El escrito de la diputada es un análisis de todas las denuncias que tramitan en el Consejo contra el magistrado de la Cámara de Casación Penal y contiene una serie de cargos que se le atribuyen. Estos podrían terminar sosteniendo su remoción del cargo, siempre que el cuerpo apruebe el juicio político y que el Poder Ejecutivo rechace la renuncia presentada por Bisordi a fines de febrero.

De los seis expedientes considerados, la consejera resaltó como las imputaciones más severas, su imparcialidad en la tramitación de las causas relativas a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y la falta de impulso de las mismas.

“Desde la reapertura de las causas por violaciones a Derechos Humanos ocurridas durante la última dictadura militar, la Cámara Nacional de Casación Penal habría tenido una actitud dolosamente dirigida a impedir el avance de esas causas, lentificarlas o volver los procedimientos tortuosos para las víctimas y los querellantes”, se lee en la presentación.

A lo que se agrega que en lo concreto, las principales causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (ESMA, Primer Cuerpo del Ejercito, Campo de mayo y Plan Cóndor) ingresaron a la Cámara Nacional de Casación Penal en el 2003 y en el 2007 todavía permanecían pendientes de solución.

Conti también hizo hincapié en algunas declaraciones públicas que ha hecho Bisordi, como por ejemplo haber calificado de “delincuentes terroristas” a los querellantes de las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. “Un Juez debe ser prudente, ecuánime, y ser y parecer justo para las partes; el Juez Bisordi era y es manifiestamente parcial, imprudente e injusto con las partes, pero aún así se sentía moralmente habilitado para presidir el principal tribunal penal del país”, sostiene la diputada oficialista.

Por otra parte la consejera remarcó que “Bisordi considera que su defensa se constituye mediante agravios políticos al Presidente de la Nación y a las instituciones, cuando en realidad nada modifican su situación en este expediente que si bien tiene un carácter político, no es de política partidaria, la que, por otra parte, está vedada a los jueces de la Nación”.

El proyecto comenzó a ser analizado por los demás integrantes de la Comisión de Acusación, que no se han adelantado a pronunciar algún tipo de opinión sobre el caso. “Estoy estudiando el tema”, se limitó a decir el consejero juez Luis María Cabral. La próxima reunión será el jueves y podría haber una definición al respecto.

Las principales imputaciones contra Bisordi

• “No haberse excusado de intervenir en los expedientes administrativos referidos a causas seguidas por la violación a los Derechos Humanos ocurridas durante la última dictadura militar”.

• “No haberse excusado de ejercer la presidencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, cuando estaba moral y jurídicamente inhabilitado para tal función en virtud de su virtual enfrentamiento público con las víctimas de violaciones de sus Derechos Humanos”.

• “No haber adoptado ninguna medida seria para acelerar las causas por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la última dictadura militar”.

• “Haber agraviado dolosamente a las autoridades democráticas de la República, fuera del ámbito razonable de su defensa, tanto por medios de difusión masiva como mediante sus escritos en su calidad de Juez”. Cabe recordar que Bisordi había declarado en su momento que el entonces presidente Néstor Kirchner era su “enemigo público número uno”.

• “Reiterado accionar destinado a garantizar la impunidad policial en los casos de “gatillo fácil” a través de una valoración totalmente parcial del marco probatorio, de una resolución judicial absolutoria carente de fundamentos suficientes, de actitudes prejuiciosas y discriminatorias hacia las víctimas de los delitos cometidos por los agentes policiales y de condicionar la valoración de los elementos probatorios afectando la independencia judicial”.

• “Haber resuelto en forma contraria a la ley el expediente referido a la investigación realizada por la “masacre de las Palomitas”.

• “Haber impulsado la nulidad de toda la investigación, cuando siquiera se analizó qué garantías constitucionales habían sido vulneradas, más allá de la mera formalidad que significaba la aplicación de uno u otro código procesal”.

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