“La responsabilidad pública política e institucional de los Poderes del Estado que dejaron transcurrir casi el plazo del año sin impulsar una ley que ordene y resuelva el tema, pese a existir proyectos en el Consejo de la Magistratura que superaban en tiempo y forma la cuestión que fueron postergados”, criticó la FACA respecto a la mora en el tratamiento de un nuevo régimen.
Por eso la entidad consideró “urgente asumir la responsabilidad y sancionar la ley con ajuste a lo previsto en la Constitución Nacional, para así `afianzar la justicia` y `garantizar la eficaz prestación del servicio de justicia`”,
En mayo del año pasado, el Máximo Tribunal dictó el falló “Rosza” por el cual declaró inconstitucional el régimen de subrogancias para jueces que aplicaba el Consejo de la Magistratura ya que los magistrados seleccionados para ocupar vacancias no contaban con el acuerdo del Senado que sí tienen los jueces titulares.
En esa resolución, la Corte avaló las medidas que dictaron los jueces subrogantes y mantuvieron en los cargos a quienes ejercían la magistratura en esa condición. Pero ordenó que el Congreso sancione un nuevo proceso de subrogancias en el plazo máximo de un año.
“Ante la urgencia y gravedad de afectación del servicio de justicia por el vencimiento del plazo de un año dado por el fallo Rosza, excepcional e inmediatamente se debe sancionar una ley que integre las propuestas de acuerdos a enviar al Senado de la Nación, con quienes fueron ternados por el Consejo de la Magistratura en los últimos tres años para cubrir vacantes judiciales - y deseen mantenerse en tales propuestas”, propuso la FACA en la declaración que emitió su Junta de Gobierno luego de una reunión que celebró el 14 de marzo en la ciudad de Bahía Blanca.
La entidad que nuclea a cerca de 80 colegios de abogados de todo el país propuso reunir a las partes para debatir el nuevo régimen: “se reclama diálogo institucional para consensuar la normativa definitiva de la materia que prevea concursos anticipados y jueces de refuerzo para prevenir y atender las necesidades judiciales no esperando la crisis, como ocurre hoy”.
Traspaso de competencias
Por otra parte, la FACA propuso que ante el traspaso de competencias penales de la Nación a la órbita de la Justicia de la ciudad de Buenos Aires, que fue refrendada semanas atrás por el Congreso nacional, el Consejo de la Magistratura no administre los tribunales ni seleccione los jueces traspasados.
“Insistimos que se debe eliminar la carga que hoy pesa sobre el Consejo de la Magistratura Nacional respecto de la selección y administración de la justicia nacional ordinaria con competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolviendo la rémora impuesta por la denominada ley Cafiero”, sostuvo la Federación.