La cercanía con la fecha de vencimiento de la ley se notó en el tratamiento que le dio la cámara baja. El proyecto no pasó por ninguna comisión sino que fue tratado sobre tablas por el pleno de los senadores.
La norma había sido aprobada a mediados de marzo por la Cámara de Diputados, también muy cerca de la caía de la vigencia. La cámara baja optó por prorrogar la ley (aprobó un proyecto de la diputada del PRO Paula Bertol) y no discutir un proyecto para sancionar un sistema que instaure la mediación de manera definitiva, como reclamaban algunos diputados y entidades de mediadores como la Unión de Mediadores Prejudiciales (UMP).
Esta es la tercera vez que se prorroga la ley desde su sanción, en 1995; la anterior había sido en 2006. “Creemos que es razonable seguir prorrogando la obligatoriedad de la mediación como requisito previo al acceso a la jurisdicción”, sostuvo la diputada Bertol en los fundamentos de su proyecto.
La ley de mediación obliga a las partes de un conflicto a conciliarlo antes de iniciar un juicio. La norma establece que la mediación se iniciará para todas las causas excepto en 10 casos. Algunos de ellos son: las causas penales y laborales, los amparos, hábeas corpus e interdictos, las denuncias contra el Estado Nacional o alguna de sus dependencias y los concursos preventivos y quiebras.
Ahora se espera que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para sancionar una ley definitiva de mediación, sin necesidad de fijar plazos. Pero el Gobierno ya lo había anunciado cuando se prorrogó la anterior vez y nada pasó.