“Genera profunda inquietud la reciente sanción de leyes que, en esencia, han introducido modificaciones al mecanismo recursivo y reducido en importante escala la competencia del tribunal de Casación Penal”, expresó la entidad, que se creó en el 2000, a través de un comunicado.
La reforma sobre el tribunal de Casación limita la competencia de delitos sobre los que entenderá, derivando los que venía tratando a las Cámaras de Garantías. Además, se le puso a Casación un plazo de seis meses, renovables una vez por el miso tiempo, para resolver los recursos.
Para la Red la contrapartida de la reforma es que “ha incrementado de modo exponencial la de las Cámaras de Apelación y Garantías, a lo que habrá de computarse la recepción de miles de expedientes provenientes del fuero casacional”.
Los jueces también dejaron en claro que nada tienen que ver con la inseguridad, a pesar que intentan responsabilizarlos: “La voluntad de mixturar dos planos -la inseguridad y el desempeño del poder judicial- que, aun pudiendo presentar zonas secantes no pueden relacionarse causalmente, ha dificultado tener en cuenta que la capacidad de contención de los organismos de la Alzada inmediata se encuentra menguada por obra de la modificación competencial generada por la ley 11.922”
Y no le auguraron un buen futuro a la reforma. “Y si se añade la falta de cobertura de las vacantes producidas, todo permite avizorar sin temor a incurrir en error que, a poco de andar, el destino del Tribunal de Casación que ha pretendido subsanarse, será padecido por aquéllas y, lo que es peor, derivará en un nuevo fracaso”, sostuvo la Red luego de un encuentro que mantuvieron el 14 de marzo representantes de cinco departamentos judiciales.
Las críticas apuntaron también a la segunda reforma penal: el sistema de delitos in fraganti. “Produce desasosiego la extensión del procedimiento para delitos en flagrancia a los tribunales de juicio”, dijo la red que criticó la falta de todo tipo de recursos para llevar a cabo esa instrumentación a toda la provincia.
“Se vio como imprescindible proponer para el futuro inmediato el reforzamiento de los recursos humanos y materiales destinados al sistema oral y acusatorio”, propusieron los magistrados.
El comunicado está firmado por Mario Caputo, Rodolfo Castañares, Pedro Rodríguez, María del Carmen Peña, Ariel González Elicabe, Marco Barski, Carlos Torti, Aníbal Víctor Termite, Celia Vázquez, María Ester Zabala, Susana Ragonese, Luis María Rizzi, Ariel Introzzi Truglia y Raúl Neu.
Los cambios es Casación y los delitos de flagrancia son la primera etapa de la reforma penal pensada por el Gobierno bonaerense. La segunda comenzará a discutirse en breve cuando el Poder Ejecutivo ponga en conocimiento los alcances de los cambios al Código Procesal Penal.
La intención de las modificaciones que se estudian sería poner plazos procesales para que los juicios no demoren años. La reforma fijará tiempos a los fiscales y jueces para las investigaciones y para la resolución de las apelaciones de Cámara, similar a lo que se aplicó a los magistrados de Casación para resolver recursos.