21 de Noviembre de 2024
Edición 7096 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/11/2024

La Justicia quiere garantizar el abastecimiento

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky citó a los representantes de las cuatro entidades del agro y al secretario de comercio, Guillermo Moreno, a una audiencia conjunta para establecer certidumbre en el regular abastecimiento de productos de necesidad básica en caso de que el campo retome las medidas de protesta. Reacciones que generó la medida.

(Charles Echer en Pixabay)

En el marco de una causa que le fuera remitida desde el fuero Federal el día viernes 18 el juez Marcelo Aguinsky decidió fijar una audiencia el próximo martes 29 de abril para que las partes intervinientes en el conflicto puedan garantizar el libre acceso de la población a los alimentos que componen la canasta básica.

La causa "Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro s/infracción a la Ley 20.680" fue iniciada por Fedecámaras en el medio del paro agrario. Tramitada en el juzgado federal nro. 7 por ese entonces a cargo de Sergio Torres, el magistrado descartó la existencia de delitos de competencia federal, tales como coacción agravada, impedimento de circulación por rutas nacionales, etc. y remitió el expediente para que se investiguen las posibles maniobras de desabastecimiento denunciadas que resultan de la competencia material del fuero Penal Económico.

Tras el sorteo de práctica la causa quedó radicada en el juzgado en lo Penal Económico Nro. 7 actualmente a cargo de Aguinsky. Si bien el juez podía haber remitido directamente el expediente a la Secretaría de Comercio, ya que por ley la instancia judicial requiere de la sustanciación de un sumario previo en sede administrativa, el magistrado entendió que los hechos denunciados podrían replicarse la semana próxima ante el inminente cese de la tregua del paro agropecuario anunciada para el día 2 de mayo.

Justicia tardía no es Justicia

Entendiendo que se encontraba en vísperas de una posible e inminente situación de desabastecimiento, el juez prefirió convocar a una audiencia conjunta entra las entidades ruralistas y Guillermo Moreno con el fin de establecer parámetros mínimos de entendimiento que sirvan para garantizar el suministro de alimentos a la población.

La misma Ley de Abastecimiento en su artículo 15 establece que el bien jurídico tutelado por la norma es el “orden económico nacional”. En ese contexto el juez prefirió actuar preventivamente en vez de limitarse a girar la causa a la Secretaría de Comercio que luego de un trámite de meses podría llegar a establecer algún tipo de sanción, apelable ante el mismo juez pero un año después.

Repercusiones

Ni bien recibieron la cédula, los representantes del agro pusieron el grito en el cielo. Inicialmente no percibieron los alcances de la convocatoria y la decodificaron como “un apriete”. Hoy ya entendido el objeto de la audiencia, y viendo que ésta no había sido motorizada por el Gobierno, ni les generaba consecuencias penales en su contra, bajaron el tono de la respuesta y afirmaron que concurrirán a charlar con Moreno, con la Justicia de por medio.

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, salió a responderle a estas primeras afirmaciones del campo, preguntándose por qué se dice que "el juez que aplica la ley "aprieta" y los que violan la ley desabasteciendo, tirando comida y encareciendo los precios, son víctimas". Las partes deberían acatar civilizadamente las decisiones de la Justicia. “Si decimos que un juez aprieta porque aplica la Constitución, como un chico no le va a dar un palo al otro o va a faltarle el respeto al maestro. Todo hace juego con todo en la República Argentina. Hay tergiversación de los símbolos y valores”, afirmó la Presidenta desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

A su vez el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuestionó la judicialización del conflicto entre el Gobierno y el campo. En declaraciones a radio Mitre, Lorenzetti llamó al diálogo y la concertación. Curiosamente, coincidió en el fondo con la medida propuesta por Aguinsky.

En este sentido hay dos medidas judiciales para analizar: una es la presentación que hiciera el fiscal Marijuán para motorizar la persecución penal del dirigente entrerriano Alfredo De Angeli y otra es la que promueve la formalización de acuerdos mínimos que permitan garantizar el abastecimiento en resguardo de la libertad de los ciudadanos de acceder a los alimentos. Las dos no son del mismo tenor.

Por su parte la titular de ADECUA, Sandra González, opinó que “todo lo que sea diálogo es bueno. Si el juez llama a las partes para algún acuerdo, bienvenido sea”. “Nosotros le pedimos a la Justicia que intervenga cuando vi las imágenes de que tiraban comida. Que en este país, que hay mortalidad infantil por desnutrición, tiren comida me parece una bestialidad”.



dju / dju


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