Con la idea de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene en estudio un proyecto de ley que propone que se publiquen en Internet las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos y de las distintas dependencias del estado local.
De acuerdo a la iniciativa, las declaraciones deberán ser presentadas y actualizadas anualmente antes del 31 de mayo de casa año. En el ámbito del Poder Ejecutivo, abarca al Jefe de Gobierno, vicejefe, a los ministros, secretarios, subsecretarios y a los directores generales del Poder Ejecutivo. También están comprendidos los futuros miembros de las juntas comunales.
Mientras que en la esfera del Poder Judicial, deben dar a publicidad su patrimonio los jueces y secretarios; y en la Legislatura los diputados, secretarios, subsecretarios y directores generales. Además, la obligación también involucra a los directores y gerentes de los organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, entre otras.
La mayoría de esos funcionarios ya están obligados a la presentación de sus declaraciones juradas pero no se puede acceder libremente a ellas, y son los legisladores los únicos que tienen publicado su patrimonio en la web. “Consideramos que no debemos limitarnos a publicar en Internet las declaraciones de los miembros de este Cuerpo, sino que debemos ampliar el universo de funcionarios obligados a efectuar dichas declaraciones”, dice el proyecto legislativo.
“Las Declaraciones Juradas Patrimoniales serán publicadas en Internet, con reserva de los datos personales de identificación de los familiares, la información de domicilio de los bienes inmuebles, dominial de los bienes y los números de cuentas bancarias”, expresa el proyecto, que ingresó al recinto durante 2007 a instancias del ex diputado Mario Morando. Ahora, es la Junta de Etica la que le está dando tratamiento.
La idea de que el Poder Ejecutivo se sume a la publicidad de las declaraciones se basa en que “más del 90% del presupuesto público de la ciudad de Buenos Aires es administrado por funcionarios del Poder Ejecutivo”. En tanto que se agrega que ese poder, como el judicial, “manejan asuntos muy por encima de sus propios presupuestos, donde se involucran cuantiosas redistribuciones de ingresos en sus decisiones diarias”.
La propuesta va en el mismo camino que lo aprobado en setiembre de 2007 por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que dispuso la publicidad a través de Internet de las declaraciones juradas de los jueces nacionales y federales de todo el país. “Toda publicidad hace a la transparencia”, expresó la diputada Ivana Centanaro, que no se mostró en contra de la inicia pero remarcó que mejor sería la elaboración de una “buena ley de ética pública” que aborde con mayor amplitud la cuestión.
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