En Francia, el ministro de Inmigración Brice Hortefeux encontró este jueves como única posibilidad de regularización de los inmigrantes sin papales que trabajan allí, el estudio caso por caso en base a tres puntos importantes: “la realidad del contrato de trabajo, de la situación del empleo en un sector en tensión y del departamento”.
El Parlamento francés aprobó el 23 de octubre del 2007 la ley de "control de la inmigración", conocida más como Ley Hortefeux, cuya novedad era el test genético para probar que la madre del inmigrante esté fehacientemente radicada en el país. El objetivo era el impulso a la inmigración laboral y no a la familiar, cifra que descendió en ese mismo año un 12 por ciento.
Sin embargo, el ministro de Inmigración dejó claro en esta nueva oportunidad que no está buscando atraer extranjeros para trabajar en el pías ya que la tasa de desempleo de ese sector poblacional es de un 20 por ciento, mucho mayor a la de los ciudadanos franceses que no alcanza el 8 por ciento.
La decisión de Hortefeux fue producto de la huelga iniciada hace 9 días por varios cientos de inmigrantes irregulares en París y otras regiones, empelados en restaurantes. Su reclamo es por una documentación que los acredite como ciudadanos. Entre sus argumentos sostiene que ellos están contratados, aportan a la Seguridad Social y además pagan impuestos.
En tanto, con las primeras palabras del futuro primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que aseguran una dura política contra la inmigración ilegal, Europa continúa armando su rompecabezas legislativo en contra de las poblaciones que no estén autorizadas por los Estados del viejo continente a ingresar a su territorio.
La relación entre inmigración ilegal y delincuencia es una ecuación que el flamante funcionario italiano encuentra resuelta a través de la ley Bossi-Fini, norma que prevé el "acompañamiento inmediato a la frontera" del ilegal, luego de que el juez declare su irregularidad, sin que el inmigrante tenga derecho a una defensa. Berlusconi proyecta hacer respetar con todo el rigor esta ley, que en el 2005, fue declarada en parte anticonstitucional.
En Francia, los cinco últimos años fueron expulsados 110 mil extranjeros indocumentados y en el 2007, casi 1700 empresarios que emplearon a inmigrantes ilegales fueron detenidos, lo que representa un 40 por ciento más que en el año anterior.
Para el ministro de Inmigración de este país, promover la inmigración laboral, significa alentar la ilegalidad, visión que tradujo en la normativa existente desde julio del 2007, la cual obliga a los contratantes a verificar la legalidad de lo documentos de los trabajadores que contratan ante con la Administración.
Desde la Unión Europea, en febrero del 2008 el comisario de Justicia, Seguridad y Libertades de la Unión Europea, Franco Frattini, propuso la confección de un registro electrónico de personas extranjeras extracomunitarias que salen y entran del territorio compuesto por los países del grupo. Además, mencionó la posible potenciación de la agencia Frontex, que se ocupa de la coordinación de la gestión de las fronteras exteriores de los países de la UE.
Otros de los intentos de Europa por devolver a su patria original a los inmigrantes ilegales, es el que comentó el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la Segunda Cumbre Euro-africana realizada en diciembre del 2007.
La idea se basa en crear un pacto entre los dos continentes que garantice la escolarización infantil, genere empleo para los jóvenes y mejore las infraestructuras en África, de donde provienen una enorme cantidad de inmigrantes ilegales. Los países del Magreb (Marruecos, Túnez y Argelia y también a veces se incluye a Mauritania, Sahara Occidental y Libia) son el principal sector geográfico de las personas que emigran a Europa.
En el 2005, los Estados que componen el G5 (Francia, España, Alemania, Italia y Alemania) acordaron en la reunión que mantuvieron en Francia, realizar controles más severos contra los inmigrantes indocumentados en las fronteras exteriores de la UE.