En ese contexto, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, envió el pasado 29 de abril una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a la libertad de pensamiento y expresión. Contó con el apoyo de la ex diputada y titular del ARI, Elisa Carrió, como codenunciante y la firma de otros 17 legisladores de diferentes bloques partidarios.
El escrito solicita la “urgente intervención” de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, a raíz de la “presunta violación y el grave menoscabo a la libertad de prensa a que son sometidos los medios de prensa en Argentina a raíz del funcionamiento actual de un “Observatorio de Discriminación en los Medios”.
El texto redactado por el diputado Vega afirma que está siendo violado el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional y que establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
La denuncia advierte una serie de hechos sucedidos durante el 2008 que alarman sobre la posibilidad de “estar frente a violaciones estatales del derecho consagrado por el Art. 13 de la Convención o al menos de graves amenazas de lesión de tal derecho”.
Entre los ejemplos que este reclamo menciona, están los frecuentes ataques en forma pública a diarios nacionales y canales televisivos, realizados por grupos relacionados con el gobierno, en los que critican los supuestos mensajes “arbitrarios y contrarios” a la gobernación.
El diputado destaca que funcionarios gubernamentales dieron a conocer su opinión de que el Observatorio "debería investigar la direccionalidad que los medios de difusión argentinos dieron al conflicto con el Campo en los últimas semanas”.
También menciona el “Cambio en la grilla de canales por parte del Organismo Oficial COMFER en perjuicio de medios opositores y el uso arbitrario de la pauta oficial de publicidad paga” razón por la que se está investigando judicialmente al secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur.
Los impulsores de esta denuncia afirman que “el Observatorio intenta convertirse en una estructura defensiva de políticas gubernamentales y en una suerte de “comisariato de control de contenidos” emitidos por los medios, representando lo opuesto al objetivo que en un primer momento se propuso este organismo: sancionar mensajes o contenidos discriminatorios que se vean o escuchen en radios o canales de televisión".
La denuncia también cita la violación de los 12 principios aprobados por la Comisión en materia de Libertad de Expresión, en el 108 período ordinario de sesiones, que afirman la “incompatibilidad” entre el derecho a la libertad de expresión y los condicionamientos previos como veracidad, oportunidad e imparcialidad en el mensaje periodístico.
Finalmente los firmantes mencionan la declaración de la Corte Interamericana avalando la libertad de expresión sin la limitación a “la circulación de ideas y opiniones aceptables” sino abierta a los pensamientos “desfavorables y minoritarios“.