Esa reorganización se hará en base a “los datos de población, superficie, litigiosidad, distancia y optimización de las condiciones del servicio de Justicia” y fueron invitados a integrar la Comisión de Mapa Judicial representantes de los tres poderes del Estado.
La Comisión será de “expertos”, señala el decreto 930 que firmaron la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, y funcionará en el ámbito de ese último Ministerio que tendrá dos representantes, de los cuales uno será su coordinador.
Fueron invitados a participar de la Comisión la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el Consejo de la Magistratura de la Nación; el Procuración General de la Nación; la Defensoría General de la Nación; la Cámara de Senadores y la de Diputados; la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; la Federación Argentina de Colegios de Abogados; el Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. Cada uno deberá normar a un representante.
La Comisión tendrá siete funciones específicas:
Reglamentar su funcionamiento y elaborar un Plan Estratégico de actividades y programas de trabajo.
La convocatoria a todas aquellas entidades vinculadas con la actividad judicial que puedan contribuir en la tarea a desarrollar.
El requerimiento a entidades públicas o privadas de la información necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.
La compilación y organización de la información recibida y el entrecruzamiento de los datos de población, superficie, litigiosidad y distancia en materia de competencias y organización de la Justicia Federal.
La confección de un mapa de situación de la Justicia Federal.
La elaboración de informes sobre la actividad realizada.
La elevación de propuestas normativas sobre la materia de su competencia.
En 120 días, la Comisión deberá presentar un informe sobre la situación de los tribunales inferiores federales del país que deberá tener: “los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actividad judicial, la distribución de materias, la duración parcial y total de los procesos y todo otro dato o información que permita desarrollar proyectos y políticas públicas en materia de administración de justicia, así como propuestas normativas, si las hubiera”.
“Que la confección del Mapa Judicial constituye una herramienta idónea para responder a la creciente demanda de la sociedad por la optimización de la administración de Justicia”, fundamenta el decreto.
“Que la extensión del territorio nacional, la distribución de la población y la complejidad de las competencias de la justicia federal resultan parámetros a tener en cuenta para el logro de una mejor organización, acotada por las posibilidades reales de concreción, sin por ello perder el objetivo propuesto de mejorar la administración de Justicia”, completa el texto.