“Las citaciones efectuadas telefónicamente deben practicarse con la máxima mesura para que no lleguen a conocimiento de terceros ni generen angustias innecesarias pudiéndose también utilizar el e-mail cuando éste fuere suministrado voluntariamente”, es la primer orden de la resolución 70.
En ese marco, sostiene también que la prioridad de las citaciones será en el domicilio constituido por las partes. Por otra parte, los telegramas policiales deberán aclarar “si la citación responde al carácter de testigo, imputado, etc., número de causa y si es posible qué diligencia se practicará”.
Righi también pidió “prestar atención a las urgencias de los denunciantes y en orden a ello practicar la ratificación de la denuncia cuando éste se presente espontáneamente en la mesa de entradas, requiriendo en su caso el teléfono y correo electrónico en los supuestos en que el denunciante admita este método de comunicación”.
Sobre las resoluciones judiciales que pueden ser recurribles, los fiscales recibieron como instrucción que la cédula de notificación esté acompañada por la parte resolutiva completa. Si lo dictado es extenso y dificultoso de enviar en papel “se recomienda acompañar un diskette o CD, a modo de gentileza y en la medida de lo posible. En su caso, se recuerda la necesidad de contar con copia de los dictámenes de manera actualizada”.
Los dos últimos puntos de la resolución son sobre la atención en las fiscalías. Uno de ellos pide “brindar una adecuada y cordial atención al público en la mesa de entradas”. La recomendación se basa en el objetivo de garantizar “el suministro de información sobre el estado de su proceso en los casos que tenga un interés legítimo”.
“Informar al ciudadano sobre los retrasos o la suspensión de cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado con la debida antelación a efectos de evitar su desplazamiento, dejando constancia de dicha comunicación, y en su caso entregar el certificado correspondiente para justificar la inasistencia o demora en el ámbito laboral del convocado”, señala el último punto de la resolución.
Las recomendaciones fueron dictadas “en aras de propiciar un mejor servicio de administración de justicia a los ciudadanos”, sostuvo el jefe de los fiscales.
La medida se da en la misma sintonía que un acuerdo general de mayo de 2008 de la Cámara del Crimen, señala la resolución de la Procuración General. En ese sentido se buscó “aunar criterios entre los distintos operadores del sistema”.
Las recomendaciones surgieron luego de un encuentro en el Colegio Público de Abogado de la Capital Federal (CPACF) sobre “Los problemas prácticos del sistema penal, un diálogo de los operadores en búsqueda de su mejoramiento”. De la jornada participaron la jueza de la Cámara del Crimen María Laura Garrigós de Rébori, el fiscal Fabián Céliz, el defensor oficial Julián Langevín, y el abogado Julio Golodny.