La Legislatura deberá volver a tratar la modificación en el recinto, pero según las declaraciones de algunos de los diputados de estos partidos, intentarán insistir para retomar el contenido de la ley 2722 que reformó el Código de planeamiento urbano y que se aprobó con el consenso de los vecinos del barrio y con el de los diputados del partido al que pertenece Macri.
“Espero que el bloque del Pro mantenga su situación original”, dijo la legisladora de Frente para la Victoria, Silvia La Ruffa, quien recordó la posición a favor de los diputados del macrismo sobre la norma tanto en la primera como en la segunda votación. En tal caso, son mayores las posibilidades de que se logre retener el texto tal como se elaboró originalmente en el recinto.
El artículo 88 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “el Poder Ejecutivo puede vetar parcialmente un proyecto de ley, en cuyo caso el proyecto vuelve íntegramente a la Legislatura, que puede aceptar el veto con la misma mayoría requerida para su sanción o insistir en el proyecto original con mayoría de dos tercios de sus miembros”. Eso significa que necesitarían 40 votos a favor para mantener el contenido que se aprobó este año.
El jefe de Gobierno sostuvo que su decisión persigue la necesidad de conservar la calidad del barrio, construyendo para eso edificios que puedan superar los 12 metros de altura. Sin embargo el legislador kirchnerista Pablo Failde, observó que “se está ante un proceso de construcción indiscriminada de ese tipo de construcciones que muestran la voracidad empresarial y que esto generaría problemas de carácter colateral como saturación de servicios cloacales de esa zona”.
“Esto demarca qué tipo de ciudad quieren los legisladores y qué tipo de ciudad quiere Macri”, distinguió el diputado porteño, quien al igual que la legisladora La Ruffa y la diputada de la Coalición Cívica, Teresa De Anchorena, los tomó por sorpresa la decisión del Ejecutivo.
La asesora de Anchorena, Laura Weber, contó que desde la legisladora comparte la decisión de ratificar la norma que se aprobó ya que fue resultado de cuatro proyectos y una audiencia pública en la que acordaron tanto con arquitectos como con vecinos del barrio con los que se estuvo trabajando hace un año. “Fue un proyecto se elaboró con un consenso completo”, aseguró Weber.
En diciembre del 2007, el juez Osvaldo Otheguy había dictado una media cautelar de no innovar que frenó la continuación de una construcción que había sido autorizada por el GCBA en el Pasaje Portugal, cerca del parque Centenario, a raíz del amparo presentado por la organización Proto Comuna Caballito. Según la explicación del magistrado, la edificación que se pretendía realizar se “enclavaba” en una zona donde el ancho de la calle es inferior al que se permite para construir el inmueble.