Entre los obstáculos hacia el mejor desempeño de este Poder, el texto de la iniciativa sugiere que con la actual dependencia económica del Ejecutivo, se deja abierta la puerta para “las influencias indirectas” que recaen sobre las decisiones de los jueces.
El proyecto cuenta que “algunos Ministros del Superior Tribunal de Justicia en los meses de agosto/septiembre deben “pedir” ayuda al Poder Ejecutivo para llegar a fin de año”, lo cual pone en duda la capacidad funcional de la Justicia por la falta de presupuesto que se le asigna.
Las principales modificaciones que importa la iniciativa son: un crédito presupuestario propio atendido con cargo a rentas generales, el Poder Judicial elaborará el presupuesto que deberá ser aprobado en Diputados y no podrá ser menor al 4,5 por ciento del presupuesto general de la Provincia.
El Superior Tribunal de Justicia será el encargado de administrar el presupuesto y propondrá la suma de las remuneraciones que deberán ser fijadas por una ley específica, pero que deberá estar en sintonía con las políticas salariales del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Otro de los objetivos que se propone con el proyecto es limitar aún más la corrupción administrativa, situación mediante la cual “se escapan los siempre escasos recursos del Estado que, de lo contrario, podrían aplicarse a desarrollar programas sociales, a favorecer la inclusión social, en fin a bajar la carga impositiva”.
Otra de las funciones que obtendría el STJ será la de proponer en Diputados un proyecto de ley que “permita organizar un sistema de percepción de gravámenes por el propio Poder Judicial, que tienda a ir sustituyendo la incorporación de la asignación presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo”.