A tres meses de su incorporación como delito al Código Penal, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso para combatir la trata de personas al aprobar un plan de asistencia integral a las víctimas de esa modalidad de delincuencia organizada que entre sus principales objetivos tiene la elaboración de mecanismos tendientes a favorecer la detección de casos de trata.
El plan fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos a principios de junio pasado y ahora fue ratificado por el pleno del recinto. El mismo, estará a cargo del Poder Ejecutivo porteño, que deberá designar una autoridad de aplicación que colabore con la Justicia en la persecución del delito de trata de personas y que, entre otras cosas, otorgue asistencia médica y psicológica a las víctimas.
Si bien en los últimos tiempos este tipo de delincuencia organizada viene creciendo mucho en lo relativo al reclutamiento de mujeres para explotación sexual, en la Ciudad el impulso de la norma fue el incendio en un taller textil clandestino de Caballito, ocurrido hace dos años, donde se detectó que trabajaban y vivían más de 60 personas, entre adultos y niños, en condiciones deplorables.
El plan también prevé que la Ciudad otorgue asistencia jurídica a las víctimas de trata y que se generen mecanismos eficaces de protección y refugio contra eventuales actos de represalia e intimidación de los explotadores, en este caso, no solo para el particular damnificado sino también para su familia.
Mientras que tampoco será menos importante la elaboración de campañas de concientización pública en relación a la problemática de la trata de personas, algo de lo hoy se ocupa la novela televisiva “Vidas Robadas”, que se refiere al tema y que ya fue declarada de interés general por lo legisladores.
Así, el plan de asistencia no solo va en consonancia con lo establecido por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”, sino también con lo previsto por el Congreso de la Nación en abril pasado, que al incorporar la trata como delito al Código Penal también previó la obligación del Estado nacional de proteger y asistir a las víctimas.
“La complejidad del entramado de las organizaciones delictivas a las que se ven sometidas (las víctimas), requiere en contraposición una amplia red de acciones que permitan el desmantelamiento de estas organizaciones y la actuación efectiva de la justicia”, sostiene en sus argumentos el proyecto de ley aprobado.
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