La denuncia por el caso Febres trajo polémica en el Consejo

El Consejo de la Magistratura de la Nación, tal como había adelantado Diario Judicial.com en una nota publicada el pasado 3 de julio, confirmó en el plenario de este jueves la desestimación de la denuncia que a fines de 2007 había encabezado Adolfo Pérez Ezquivel contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del TOF 5 por las privilegiadas condiciones de detención que tenía el represor fallecido Héctor Febres.

La decisión, que era previsible tras la aprobación del dictamen desestimatorio en la Comisión de Disciplina y Acusación, se sabía que no era bien vista por los denunciantes. Por eso, representantes de Justicia Ya!, querellante en el juicio contra el ex prefecto, se hicieron presentes en la reunión del Consejo de este jueves y tras la votación, sin discusión, del plenario sobre el tema mostraron sus caras de descontento y pidieron al cuerpo la palabra.

Carlos Lordkipanidse, ex detenido de la ESMA, y la abogada Miriam Brekman se ubicaron en una punta de la larga mesa de reuniones y cuestionaron la decisión de los consejeros. “Rápidamente se votó algo acá que para nosotros es de vital importancia porque representa y significa más de 30 años de lucha de los organismos humanos, de Madres y Abuelas que han dado su vida en la búsqueda de Justicia”, dijo Lordkipanidse.

La denuncia de los organismos de derechos humanos fue presentada en diciembre pasado contra Sergio Torres y los integrantes del TOF 5: Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado. Allí, los magistrados fueron acusados de mal desempeño por no controlar las condiciones de detención de Febres, que tras su muerte se dio a conocer que tenía varios privilegios en su lugar de alojamiento, en una dependencia de la Prefectura Naval ubicada en la zona del Delta.

En el dictamen que rechaza la denuncia, los consejeros sostuvieron que “los magistrados no tienen a su cargo la supervisión diaria de las condiciones de detención de los sujetos privados de su libertad”, y agregaron que ese control “se encuentra en la órbita del Servicio Penitenciario Federal o del organismo a cargo de su custodia”.

Sin embargo, la gente de Justicia Ya! no compartió ese criterio y se mostró molesta porque durante el trámite del expediente no fueron consultados por los consejeros ni llamados a ampliar la acusación. “La denuncia se ha desestimado con argumentos que carecen de una seria investigación para llegar a una decisión de tamaña importancia”, afirmó Lordkipanidse ante los consejeros.

Así, los denunciantes pidieron que se reconsidere la decisión porque sostuvieron que el accionar de los jueces denunciados respecto a los detenidos por causas de derechos humanos “los convierte en cómplices” de lo ocurrido durante la dictadura: “Les pido a ustedes (los consejeros) que no se pongan esa etiqueta”, finalizó Lordkipanidse.

Los consejeros escucharon atentamente el planteo de los denunciantes y luego defendieron el trabajo del cuerpo en el marco del expediente en cuestión. Además, se mostraron molestos por el hecho de que se los considere cómplices de los hechos de terrorismo de estado y Lordkipanidse pidió disculpas por ello.

Finalmente, surgió un propuesta de Bunge Campos para buscar la manera de que el planteo hecho por Justicia Ya! sea considerado un recurso de reconsideración in voce, por lo que quedó abierta la posibilidad de que la Comisión de Acusación vuelva a tocar el tema y que reabra la investigación si los consejeros consideran que existen hechos o argumentos nuevos.

dju / dju