A su vez, se determinó que sea la CIA quien recopile los documentos ya desclasificados y cualquier otro material clasificado que pueda existir.
La mencionada normativa, deberá ser tratada por el Senado de aquel país, donde se prevé su inminente aprobación, dado que en la Cámara de Representantes, la conformidad fue unánime por parte de sus dos grandes partidos.
El subsecretario de DD.HH. de la Nación, Luis Alem, hizo referencia a los antecedentes del caso: “desde por lo menos el año 2003, Argentina reclamó a todos los países que aporten datos útiles sobre el tema de los niños de hijos de desaparecidos con identidad sustituida. A partir de esta petición, se impulsó un proyecto sobre la búsqueda de hijos de desaparecidos que ya fue aprobado por Cámara de Representantes de EEUU, aunque todavía falta la conformidad del Senado.”
También afirmó que “una de las tareas que tiene el Estado es buscar por todos los medios la información que permita esclarecer esta cuestión, ya que la privación de que las personas conozcan su historia, es uno de crímenes mas horribles de la dictadura.”
Por último, destacó que “se espera que con esta apertura aparezcan los datos necesarios de casi 400 personas que no han recuperado su identidad. Se estima que de 500 niños apropiados, hasta hora sólo 90 restituyeron su identidad.”
Por otra parte, Maurice Hinchey, representante demócrata por Nueva York, que fue quien impulsó la medida, sostuvo que será “invaluable para apoyar el proceso de investigaciones judiciales actualmente en curso en la República Argentina.”
Sobre el asunto, explicó que dada la estrecha relación entre las contrapartes de inteligencia, seguridad y comunidad militar argentina, la documentación que la inteligencia americana contiene es “invaluable para apoyar el proceso de las investigaciones judiciales actualmente en curso en ese país.”
También recordó cómo, “en 1976, en medio de revueltas y protestas y en el contexto de una profunda crisis política en Argentina, un gobierno militar tomó el poder y se convirtió en una de las peores dictaduras que América Latina haya visto”.
En relación a ello, destacó que “detenciones ilegales, torturas, y ejecuciones fueron hechos de rutina. Las detenciones y capturas de disidentes fueron organizadas en la Argentina con la cooperación con otros países del Cono Sur en lo que se conoció como Operación Cóndor. Con los años, el número de víctimas y de nuevas tácticas de represión fueron reveladas. Se estima que 30.000 personas desaparecieron.”
El legislador remarcó además que “muchas de estas víctimas desconocidas fueron torturadas y tiradas en el océano. Un número aproximado de 500 mujeres embarazadas fueron secuestradas durante este período. Ellas fueron violadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad argentinas. Muchas de estas mujeres dieron a luz y sus hijos fueron entregados a miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y las madres, se cree, fueron ejecutadas”.
Además afirmó que hasta la actualidad, “sólo 80 de los 500 niños fueron encontrados pero lo que les ha sucedido a la mayoría de ellos es aún desconocido. La enmienda (explicó a la Cámara de Representantes) pretende dar a luz sobre el destino de estos niños que en la actualidad tienen aproximadamente entre 26 y poco más de 30 años de edad”.
El Plan Cóndor surgió como una especie de alianza entre las dictaduras que gobernaron el cono sur de América en la década del setenta, para unir fuerzas en común y combatir a los opositores. Mediante este plan, se buscó coordinar, por medio de los servicios secretos, la persecución de ciudadanos mediante secuestros, torturas y desapariciones.
A raíz de la puesta en marcha del mismo, se registraron hechos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en donde comandos militares secuestraban a los ciudadanos y luego de torturarlos los entregaban clandestinamente a sus países de origen.
La referida enmienda, ha sido apoyada por el Gobierno argentino, por la Embajada Argentina en Washington, por el Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive) de la Universidad George Washington y por innumerables organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
El anuncio de la apertura de archivos secretos fue realizado en Buenos Aires por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, tras reunirse con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un encuentro en el cual participaron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la Abuela de Plaza de Mayo Rosa Roisinblit y los miembros de la Agrupación Nietos, María Victoria Donda y Juan Cabandié.
El legislador norteamericano, fue el mismo que impulsó la “Enmienda Hinchey”, que obligó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos a revisar archivos e información clasificada en ellos que dan cuenta de las actividades de la CIA en Chile, en particular, en relación con el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional socialista Salvador Allende, en 1973.