Van a juicio oral otros ocho represores El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio la causa en la que investigaba violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, y de esta manera, ocho represores deberán sentarse en el banquillo de los acusados ante el TOF 5. Se trata del ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli; el ex general de brigada Héctor Gamen, alias "Beta"; el ex mayor del Ejército Pedro Alberto Durán, alias "Delta"; y otros cinco ex agentes del Servicio Penitenciario Federal (Ramón "Pancho" Erlán, Roberto "Sapo" Zeolitti, Diego "Polaco" Chames, Alberto "Alemán" Neuendorf y José "El Paraguayo" Maidana). Los represores son imputados por el secuestro y torturas de 156 personas detenidas ilegalmente en el predio que funcionó en la bonaerense localidad de La Matanza, entre 1976 y 1978. Rafecas recordó que en "El Vesubio" los prisioneros eran sometidos "a condiciones de cautividad infrahumanas" donde, al ingresar, se les asignaba un "código personal" en sustitución de sus nombres y se les "aplicaba torturas físicas".
Desechan la teoría de las coimas en el juicio a Menéndez y elevan antecedentes del defensor al Tribunal de DisciplinaEl fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, desechó la teoría del abogado del imputado ex jefe operativo del centro clandestino de detención de La Perla, Jorge Ezequiel Acosta, acerca del presunto pago de coimas para estimular la causa en la que están acusados el represor Luciano Benjamín Menéndez y otros siete ex funcionarios de las Fuerzas Armadas que trabajaron durante la represión ilegal de 1976. El letrado Jorge Agüero había esgrimido la hipótesis de que tanto la fiscal Graciela López de Filoñuk como la jueza Cristina Garzón de Lazcano, instructoras de la causa en la que habrá sentencia este jueves, habían recibido algún tipo de pago irregular.Además, Vidal Lascano remitió los antecedentes del denunciante al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba, para que examine la conducta del letrado, quien está cuestionado por los organismos de derechos humanos por sus interrogatorios a los sobrevivientes del terrorismo de Estado. Se estima que el próximo jueves el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba dará a conocer la sentencia en el marco de la causa en el que se investiga a Luciano Benjamín Menéndez y otros siete ex militares por el secuestro, tortura y muerte de cuatro jóvenes en 1977.
Una abogada colombiana integrará la CIDHLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió a la abogada colombiana Catalina Botero Marino como Relatora Especial para la Libertad de Expresión. La Sra. Botero Marino se desempeñaba como Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia desde 2005. Anteriormente, había sido Directora Nacional de la Dirección de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia, Directora de la Asesoría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fundación Social, entre otros puestos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tiene carácter permanente, independencia funcional y presupuesto propio. Fue creada por la CIDH en 1998 y opera dentro del marco jurídico de la Comisión. Es responsable de velar por la protección y promoción de la libertad de pensamiento y expresión en la región.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU visita nuestro país El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, mantuvo una reunión con el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en el Archivo Nacional de la Memoria. Esto se realizó el marco de su visita a la Argentina, en función de incorporar experiencias sobre los que ellos denominan “la importante política sobre Derechos Humanos del Gobierno Argentino”. Durante el encuentro, Duhalde expresó que en nuestro país, se puso especial énfasis en las propuestas de los Organismos de Derechos Humanos y de los familiares, y que se hizo bastante en estos cinco años de la lucha contra la impunidad y el esclarecimiento de un período tan trágico. Uno de los miembros de este Grupo, Corcuera Cabezut, expresó que se están realizando muchos esfuerzos para el conocimiento y esclarecimiento de la verdad de los casos. También asistieron el Subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Hipólito Alén, y el Presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, entre otros funcionarios nacionales.
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