El Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y el ciudadano Tubten Wahghen Sherpa Sherpa representan la parte acusatoria que presentó la denuncia “por hechos que consideran constitutivos de delitos contra la humanidad por matanza sistemática y generalizada de tibetanos, lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas”, explicó el juez español, Santiago Pedraz.
Entre los investigados hay dos ministros chinos, el de Defensa, Lian Guanglie, y el de Seguridad del Estado, Geng Huichang, además del responsable del Partido Comunista chino en el Tibet, Zhang Qingli. También se encuentran en este grupo otros altos cargos del Politburó, como el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.
“Los hechos denunciados se concretan en que los funcionarios acusados dirigieron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana causando, 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos”, explicó en su resolución el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº1 de la Audiencia Nacional.
Por lo tanto, Pedraz afirmó que “ello supondría un crimen contra la humanidad y en concreto un delito de lesa humanidad, previsto y penado en la artículo 607 del Código Penal dada la supuesta causación de intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial Español faculta a la jurisdicción española a instruir dentro de este tipo de causa. En el apartado 4 del artículo 23, la norma determina que “será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: Genocidio, Terrorismo”, entre otros.
“La población tibetana se constituiría como un grupo o colectivo perseguido por las autoridades citadas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos reconocidos universalmente como inaceptables con arreglo al derecho internacional”, sostuvo el juez.
Como consecuencia de la admisión de la querella, están citados para declarar como testigos el 4 de septiembre de este año el responsable del Departamento de Seguridad del Gobierno Tibetano en el Exilio y el director de Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia del Ministerio de Seguridad del Gobierno en el Exilio. El 10 de ese mes tendrá que concurrir a la sede judicial el responsable del reciente informe sobre la represión de Tíbet de Amnistía Internacional. No hay límite para la investigación del genocidio
Esta no es la primera vez que la Audiencia Nacional se declara competente en una causa contra el gobierno Chino. El 10 de enero del 2006, el tribunal español también admitió la querella contra el presunto genocidio cometido por las autoridades chinas en el Tíbet en la década del ochenta.
En este caso se calculaba que más de un millón de tibetanos habían sido asesinados o habían muerto a manos de oficiales chinos y que más del 90 por ciento de las instituciones religiosas y culturales habían sido destruidas. La denuncia la habían presentado las mismas instituciones que en el caso del 2008, pero contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet o en el Gobierno asiático.
En su momento, los jueces españoles dijeron que el delito de genocidio es, como proclama el artículo 1 del Convenio sobre Prevención y Sanción del delito de Genocidio, “un delito de derecho internacional”, por lo que se vieron facultados a hacerse cargo de la investigación.
La búsqueda de justicia estaba trabada puesto que los tribunales chinos hacían la vista gorda sobre la situación y la Corte Penal Internacional se había negado a instruir en la causa, porque argumentaba que sólo podía investigar los delitos cometidos a partir de su entrada en vigencia (1998).