“Vamos a pedir que se lo investigue porque se hace cargo de las proferías del comisario Valleca”, dijo Vera, quien aseguró que el ministro “dice cuestiones inexactas sobre prostitución”.
El Jefe de la Policía Federal, Comisario General Néstor Jorge Valleca, también figura en el escrito de la denuncia como presunto colaborador con estos lugares teniendo en cuenta la “connivencia activa o pasiva de las autoridades policiales que toleran y amparan estas actividades haciendo caso omiso de las denuncias”, afirman en el escrito los diputados.
“Fernández ha salido a decir que esta situación- la denunciada por los diputados- es similar a la gente que hace prostitución en Palermo y no tiene nada que ver: uno es un acto de libertad individual, pero en este caso, hay una explotación de una red de mujeres y eso está totalmente fuera de la ley”, afirmó el presidente de La Alameda.
Para Vera el caso en cuestión se enmarca, entre otras legislaciones , en el artículo 15 de la Ley Nº12.331 de Profilaxis de Enfermedades Venéreas. El texto de la denuncia cita esta norma la cual expresa que “queda prohibido en toda la República Argentina el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella”.
En el texto de la denuncia, el presidente de la Alameda asegura que la opinión del ministro representa “el seguimiento de una línea política tendiente a no considerar dentro del concepto de trata y explotación de la prostitución ajena las disposiciones de la ley 12.331 y de la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena ratificada por ley 11.925”.
La abogada que redactó el escrito presentado por los diputados, Florencia Piermarini contó que esta presentación en verdad viene a “reforzar y va concatenada” a dos denuncias anteriores sobre la misma situación. La primera fue realizada por la Defensoría del Pueblo local y la Cooperativa La Alameda en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo del Juez Norberto Oyarbide y hoy por hoy, constituye la Causa Nº 8364.
La segunda, también efectuada por las mismas instituciones, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5 a cargo del magistrado Jorge Ballesteros, encarnada en la Causa Nº 5544.
“Hemos pedido también al Ministerio de Justicia una solicitud de informes, conforme a lo que establece el artículo 37 de la Constitución Nacional respecto al accesos al información pública, para ver qué pasó con estros expedientes”, informó Piermarini.
“Ejercicio de la prostitución organizada solventada por grupos ilegales, locales sin habilitación en los cuales «vale todo» y se vende alcohol, donde se ofrecen mujeres o travestis, droga o es "aguantadero" de maleantes y en los que existe una presencia de niñas, niños y adolescentes que son explotados sexualmente en la gran mayoría de los locales enumerados”, son los principales hechos por los que reclaman la acción judicial los legisladores.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº7 a cargo del juez subrogante Norberto Oyarbide quien para el presidente de La Alameda “no tiene autoridad moral para investigar este tipo de cuestiones”.
Uno de los medio de prueba ofrecidos en el caso es una series de DVDs que muestran lo captado por unas cámaras ocultas a través de las cuales se constata que “hay menores dentro de estos lugares, existe la venta de estupefacientes y la reducción de mujeres a al servidumbre”, aseguró la letrada.
Si bien existe una gran polémica acerca de la valoración de estas pruebas, para el diputado Rubén Lanceta “es un elemento que genera la convicción de que esto existía”, pero aclara que habría que “combinarlo con otros medios probatorios”.
La abogada destaca la necesidad de utilizar este tipo de estrategias en este tipo de delitos. “Es la única forma de investigar, teniendo en cuenta la inactividad de las autoridades encargadas de este tipo de investigaciones que ordena el Código y además es imposible ir con un escribano a verificar esto”.
Para Pierini, el hecho de que hayan habido ONGs detrás de la investigación de esta red de prostíbulos significa un punto de mucho valor a la hora de evaluar las pruebas. Por otro lado, sostiene que “estas organizaciones no cuentan con recursos para hacerlo de otra forma” y en consecuencia es algo que el juez “también va a tener que ponderar”.