Por primera vez, el Procurador será designado por el Congreso, como marca la ley 25.875 que creó el cargo en diciembre de 2003. Esa norma fija que es el Parlamento quien debe elegir al funcionario. Pero el Poder Legislativo nunca hico uso de esa facultad y Mugnolo es procurador desde el 2000.
El Procurador es quien vela por las condiciones de detención, los derechos humanos y las garantías de las personas detenidas en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. El cargo depende del Poder Legislativo, es por cinco años con posibilidad de renovación por un segundo período y para ocuparlo hay que ser abogado y “acreditar experiencia en la defensa de los derechos humanos y en el ámbito del Derecho de Ejecución Penal”, establece uno de los incisos del artículo cuarto de la ley.
Los tres candidatos pasarán el próximo martes a las 14 por una audiencia pública en la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso donde responderán preguntas de los legisladores y de particulares sobre el cargo a ocupar. La Comisión aprobó en mayo un reglamento para la designación del Procurador en el cual estipuló que los bloques políticos presenten un postulante.
Se prevé que luego de la audiencia la Comisión vote por uno de los candidatos. Las fuentes consultadas coincidieron que se descuenta el nombramiento de Silvia Martínez, la primera de las postulantes que se conoció y la más firme hasta el momento.
Luego del paso por la Comisión es cada Cámara del Congreso quien vota. La ley establece que allí se necesitan los votos de los dos tercios de los legisladores presentes. Este miércoles venció el plazo para presentar en la Comisión adhesiones u observaciones de los candidatos.
La elección se da en el marco de un conflicto entre el actual Procurador y el Servicio Penitenciario Federal que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
El Procurador presentó a fines del año pasado un informe por el que denunció que el 63 por ciento de los presos encuestados dijo haber sufrido agresiones físicas y el 83 por ciento desnudado para ser requisado. Desde la Comisión de Cárceles de la Defensoría General y el Centro de Estudios de Ejecución Penal del INECIP criticaron el rigor del informe y destacaron mejoras en las cárceles federales pero advirtieron que queda mucho por hacer. “Hace tres años que al Procurador lo único que le interesa es mantenerse en el cargo”, dijo en su momento el titular del SPF, Alejandro Marambio.
En ese marco, la Procuración presentó en la Corte Suprema un pedido para que el SPF dejé de obstruir su trabajo que denunció le impedía hacerlo plenamente. Pero el Máximo Tribunal rechazó la presentación porque no es su competencia originaria –corresponde a la Justicia federal, explicó– y sostuvo que los argumentos del organismo “se apartan inequívocamente de la jurisprudencia de este Tribunal en la materia”.
Perfil de los candidatos
Silvia Edith Martínez, 41 años, porteña, se recibió de abogada en marzo de 1989 en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Trabaja en la Justicia desde 1987. Fue secretaria letrada en el juzgado criminal Nº 5 de Lomas de Zamora y en la Cámara Federal Porteña. Desde 1993 es defensora oficial ante los jueces de instrucción y la Cámara del Crimen. Y desde 2005 es co-titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. En el área docente, es profesora adjunta de la materia elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derechos de la UBA.
Francisco Miguel Mugnolo, 65 años, porteño es abogado desde 1970 cuando se recibió en la Universidad Católica Argentina. Fue diputado nacional por la UCR de 1987 a 1991, en el Gobierno de Raúl Alfonsín fue subsecretario de Trabajo y Seguridad de la Nación y subsecretario del Interior, entre otros cargos. Fue presidente y vice el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín y Secretario General del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Lo designaron profesor titular de “Ejecución de la Pena” del postgrado en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Ernesto Julio Moreau, 65 años, nació en Bahía Blanca y es abogado desde 1967 cuando egresó de la UBA. Desde el año pasado es uno de los siete vicepresidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos donde trabaja desde 1986. También preside la rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas y fue Presidente (2003 a 2005) y vice de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y actualmente es su delegado en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Integra la Comisión Investigadora de la situación carcelaria en Santiago del Estero y fue asesor del INADI.