Entre las principales conclusiones del informe “Aportes para la Cooperación Regional en la Erradicación de la ESI en el MERCOSUR y Países Asociados”, se resaltó que la subregión ha logrado encuadrar el delito como una violación grave a los derechos humanos de la infancia, y que se encararon respuestas reparatorias y de restitución de derechos, en la mayoría de los casos, asignando presupuesto propio a las áreas encargadas de llevar adelante esas políticas públicas.
Por otra parte, se reconoció la necesidad de trabajar en algunos vacíos legislativos y deudas pendientes en la tipificación de los distintos delitos, para lo cual ya se creó una Base de Datos Legislativa para armonizar y adecuar leyes, y consensuar, por ejemplo, definiciones de “prostitución infantil”, de pornografía y de explotación sexual en viajes y turismo, además de las de trata y venta de niños, niñas y adolescentes. Los representantes del bloque regional debatieron sobre la viabilidad de articular los Registros Nacionales de Niños Extraviados y otras herramientas, y consideraron la importancia de circular información para elaborar estrategias de cooperación en el tránsito fronterizo.
En relación a ello, Gimol Pinto, especialista en protección de UNICEF Argentina, explicó que “lo que quedó claro en la reunión, es la necesidad de una mirada y abordaje regional, hay un tema que tiene que ver con la necesidad de cooperación tanto penal, judicial, entre otras cuestiones, ya que es muy difícil que una Nación, por sí sola, afronte este tipo de problemática, ya que la explotación sexual infantil excede la frontera de los países.”
En base a esto, señaló que “una mirada conjunta permite tener una estrategia con más fortalezas, que puedan unir sus fuerzas y vencer las debilidades contra los delitos hacia los chicos, por lo que es necesario avanzar con los acuerdos efectuados”, enfatizando en que hay una necesidad de superación de la discusión en materia de reforma legislativa en dos aspectos, en materia de leyes de protección integral de los derechos para todos los chicos, y la necesidad de tipificación penal de estas conductas expresamente”, aclarando que es necesario homogenizar las normas sobre la materia.
Por último, alegó que la mayoría de los países pudieron avanzar en algunas reformas legales, aunque recalcando que “el desafió más grande tiene que ver con la implementación, no sólo con la ratificación por parte del Poder Ejecutivo, sino también con la intervención y compromiso del Ministerio Público y el Poder Judicial, para garantizar un debido acceso a la justicia de niños y adolescentes, y evitar su revictimización.”
Es importante destacar, que la problemática relativa a la explotación sexual infantil, se ha incrementado gravemente en los últimos años, prediciéndose hechos degradantes para el desarrollo de los niños en diversos países, especialmente en zonas de América Latina, Centroamérica y el Caribe.
Esto ha generado una complejidad y agravamiento en la mencionada temática, resultando evidente en las nuevas manifestaciones que presenta la explotación sexual de los niños, causadas principalmente por el surgimiento de nuevos actores y nuevas dimensiones de la demanda. Esto se presenta por ejemplo, en la vinculación a la industria de viajes y turismo, donde pedófilos recurren a redes ilícitas que les proveen este tipo de servicios en países subdesarrollados, o la proliferación del fenómeno con el uso de las nuevas tecnologías, como Internet.
En el encuentro, asistió el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde quien destacó que debe haber una “mirada amplia” que supere el marco normativo, policial y judicial, una “mirada crítica hacia el interior del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil”. También asistieron representantes del Ministerio de Justicia, de la ONU y de UNICEF, entre otras autoridades.
Esta reunión, formó parte de unas jornadas preparatorias para el III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Infantil que se llevará a cabo en Brasil, donde en los dos próximos encuentros que tendrán lugar en la Cancillería, concurrirán las delegaciones gubernamentales de los 34 países de América Latina y el Caribe.