La resolución por la que se llegó a la ratificación por parte de los legisladores portugueses fue objeto de varias exposiciones encontradas por parte de los diferentes partidos políticos y del gobierno. Mientras que los Socialistas y los Demócratas Liberales elogiaron y apoyaron la creación de la Corte, el Partido Comunista junto con los Verdes y el Bloco de Esquerda (partido del ala izquierda) votaron en contra.
La Democracia Liberal propuso además la modificación del Código Penal portugués con respecto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra con el objetivo de que Portugal pueda ejercer su competencia de manera plena en esos casos.
Los que votaron en contra argumentaron que la ratificación se opone a la Constitución y sus principios fundamentales debido a que la CPI puede aplicar la prisión a perpetuidad. Del mismo modo, el Partido Comunista propuso una ley para modificar el código sustantivo en materia penal, para permitir que los tribunales nacionales tengan jurisdicción plena y los mecanismos para llevar ante la justicia a los acusados de los “crímenes más graves”. Según el diputado comunista Antonio Felipe, una reforma al Código en este sentido excluiría la necesidad de ratificar el Estatuto de Roma.
Según trascendió, el Poder Ejecutivo del país ibérico depositaría el instrumento de ratificación en la sede de las Naciones Unidas antes de finalizar el año.