CUANDO LAS PAPAS QUEMAN. Vender efedrina sobrante de los laboratorios, era valorado de forma tan menor como negociar imitaciones de Nike en La Salada. Total era una sustancia de importación lícita que servía para hacer antigripales. Nada grave que no permitiera hacerse unos mangos con un simple pase de manos cuando nada ni nadie lo asociaba al submundo de las drogas pesadas. Incluso el ministro Fernández había ensayado como primera explicación de las muertes de los 3 jóvenes enterpreneurs a la argentina que era un tema de la mafia de los medicamentos. Rápidamente resultó desmentido por la propia realidad que desbordaba a borbotones desde los medios. Esa alta exposición del tema y los consiguientes cambios de valoración pública con respecto a la efedrina, dejaron a varios de los muchachos en off side. Ahora si estaban metidos en el tema, y participaron en algún negocito, se convirtieron velozmente en gente relacionada con los carteles de la droga. Granero (el del Sedronar) y Aníbal (el de Seguridad y Justicia), que se sacaban chispas en un contrapunto de agua y aceite, tuvieron que compartir a disgusto una sufrida conferencia de prensa. Se mostraron en un trío con Ocaña, para dar una voz clara del gobierno de que a esta joda había que ponerle límites. Nadie mejor que la ministra para detectar hormigueros de corrupción. La iniciativa no fue de propia voluntad, sino que bajó desde lo más alto del poder con una firme consigna: CQC (caiga quien caiga). Salir a cortar rápidamente es la cuestión, no vaya a ser cosa que el tema se infle tanto como con el campo y encima con peleas hacia dentro del gobierno. Incluso desde el punto de vista normativo, esta modalidad de tráfico internacional no está incluida en la categoría de estupefacientes. Esto hace que los agravantes más severos del Código Aduanero no le sean aplicables. De todos modos, los jueces en lo Penal Económico, si bien no pueden aplicar el máximo de pena de hasta 16 años –hace unas pocas semanas un tribunal oral de ese fuero estableció condenas record de hasta 12 años de prisión para los que intervinieron en la operación “merluza blanca”-, echan mano a otra estrategia de agravamiento, la del artículo 865 inciso h, que prevee hasta 10 años de prisión cuando lo que resultare materia de contrabando sean sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Esto demuestra que para el legislador no tiene igual rango legal y para las fuerzas de seguridad no tuvo la misma percepción en su valoración. Para decirlo claro: hasta las muertes de Forza, Bina y Ferrón + el combo de Unicenter y la casita de Maschwitz, para la Policía la efedrina no era falopa. Ahora que le metieron la etiqueta de “NARCOTRÁFICO” con luces de neón, los muchachos se empezaron a preocupar porque la novedad los agarró a contrapierna. Si bien parte de su accionar suele circular por una zona de delicados límites entre el delito y su persecución, de ninguna manera les gusta quedar engrampados en una cuestión tan estigmatizante. Si hubo caminos andados entre esos vasos comunicantes, el tema es ahora cómo se desandan sin generar mayores incomodidades políticas.