A través de la resolución 65/2008, que se publicó este martes en el Boletín Oficial, Righi ordenó que se intensifiquen las gestiones ante el Ministerio de Economía para obtener créditos que creen nuevos cargos. El procurador también dispuso que la Secretaría Técnica, Disciplinaria y de Recursos Humanos analice la posibilidad que con el actual presupuesto se haga frente a los cargos que requerirá la nueva Cámara de Casación Penal.
En ese marco, la resolución le solicita al Gobierno nacional “la inclusión en el próximo ejercicio presupuestario de los cargos de planta permanente necesarios” para que el contrato de Prosecretario Letrado de Fiscalía General sea asignado en forma permanente a la planta de personal.
Los reclamos son ante la reciente puesta en marcha de la obligación de hacer orales, públicas y grabadas las audiencias de apelaciones en los fueros penales y la futura puesta en marcha de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que aprobó el Congreso a instancias de proyectos del Poder Ejecutivo y que tienen como objetivo acelerar los procesos penales.
“Dichas reformas generarán un amplio impacto en materia de recursos humanos, materiales y en general en la forma en que habrá de desempeñar su actividad cotidiana el Ministerio Público Fiscal, sin que se haya previsto para este último la creación de cargos y/o la asignación de una partida presupuestaria específica”, señala la resolución.
“La resolución es lógica porque el hacer frente a la cantidad de audiencias que se puede estimar que va a generar esta reforma, requiere más recursos humanos porque con los fiscales que hay no alcanza”, opinó el fiscal general de la Cámara del Crimen y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación (AFFUN), Ricardo Sáenz.
Por otra parte, Sáenz destacó la autorización para que los fiscales puedan designar como fiscales ad hoc a los secretarios de las fiscalías para intervenir en las audiencias de apelaciones. “Eso le agrega experiencia profesional a los secretarios lo que me parece fundamental”, sostuvo.
El impacto de las reformas ya se generó y la Cámara Federal porteña suspendió la resolución de las apelaciones orales “hasta contar se superen las deficiencias estructurales y organizativas detalladas”, resolvió en una acordada publicada este lunes por Diariojudicial.com.
“Hemos tratado de cumplir con la ley en la medida de nuestros recursos, y adaptarla a la situación que estamos para poder efectivizarla”, explicó el presidente de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Freiler.
“Este Ministerio Fiscal se encuentra en la obligación de adoptar todas la acciones necesarias con el objeto de hacer frente a las nuevas exigencias legales y, en general, al mandato constitucional de promover la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, en coordinación con las restantes autoridades de la República”, concluye la resolución del Procurador General de la Nación a la espera de una solución.