En un ámbito donde se escucharon las tristes experiencias de madres y parientes cuyos familiares han sido protagonistas de este tipo de sucesos, los legisladores se mostraron a favor de crear un proyecto consensuado de modo tal de instrumentar una “herramienta tecnológica para la justicia”, según dijo el diputado Eugenio Burzaco. Por su parte, su colega, Diana Conti profirió que “se saque un dictamen rápido” del proyecto para que pueda ser aprobado en el recinto antes de que termine el año legislativo, teniendo en cuenta el contexto actual donde el presupuesto 2009 agotará “todas las energías” del Congreso.
“Yo no creo que el registro vaya en contra de la garantía de nadie”, afirmó Sandra Calvo, cuya madre fue asesinada tras un intento de violación en diciembre del 2005 por un hombre que ya había sido condenado por un delito similar y que, entre su liberación y este último homicidio, había cometido este mismo ilícito en reiteradas oportunidades. Calvo hizo hincapié en la positiva consecuencia de tener por conocido los datos de los violadores: “esto permitirá acotar la cantidad de víctimas”.
También recalcó la ineficiencia de la justicia por mano propia ya que advirtió que si bien todos conocían al que realmente había abusado de varias vecinas de su barrio “no sirvió de nada. La justicia lo tiene que buscar”. “El ADN puede condenar y liberar”, concluyó en medio de los aplausos aprobadores de los presentes en la sala.
La diputada César presentó una de las ocho propuestas sobre este tema. Si bien es muy factible que se llegue a la decisión de conformar un proyecto en común, las organizaciones que fueron invitadas a la reunión – Asociación Madres del Dolor, Ayuda a Víctimas de Violación (A.VI.VI) y LA Asocaicón Li-may – acordaron con los principales puntos de la iniciativa de la presidenta de la Comisión.
Su idea comprende las siguientes características: incluir datos genéticos estrictos a los fines de identificación, un registro reservado, de utilización judicial con fines de esclarecimiento de los delitos y con determinadas características para que desde lo penal guarde coherencia con las normas de la Constitución Nacional. Además, este listado integraría los datos genéticos de los autores no identificados en el hecho.
En cuanto a la caducidad de la inscripción ésta se daría cuando el condenado haya muerto o hubieran pasado 20 años desde el momento en que la pena se extinguió y se le ofrecería la posibilidad de pasar por un tratamiento psicoterapéutico, a lo cual una de las abogadas de la Asociación Li-may aconsejó que esto sea de carácter “obligatorio”.
Vivian Perrone, presidenta de la Asociación Madres del Dolor, aseguro que “no quieren estigmatizar al violador y que por eso no hacen justicia por mano propia”. Desde este punto, calificó al registro como “una herramienta para que el fiscal investigue”.
En tanto, el diputado Emilio García Méndez destacó la necesidad de que este instrumento sea de “utilidad primordial de la justicia y no de los medios de comunicación” mientras que su par, Oscar Massei, hizo hincapié en el deber de “unificar” a través de una ley nacional las normas provinciales que ya avalan el registro para violadores y que además se la reglamente, hecho que por estar ausente en muchos lugares, impiden la aplicación de este elemento.