La Legislatura de la provincia de Neuquén aprobó en junio del 2006 la creación de un registro de violadores que es manejado por el Superior Tribunal de Justicia provincial y se lo denomina Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS). Dos años antes, la provincia de Mendoza creó el suyo que incluye además los datos genéticos de los condenados.
A nivel nacional son varios los proyectos pendientes de tratamiento. Uno de ellos fue presentado por tercera vez a principios del 2008. Su autora es la diputada Paola Spatola y al igual que la mayoría de las iniciativas, solicita la creación “dentro de la órbita del Registro Nacional de Reincidencia, un registro especial de antecedentes de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual”.
Se propone que este organismo cuente además de los datos personales de la persona, con la información genética de la misma. Su actualización sería permanente y “la caducidad de la registración se producirá a los diez años de haberse cumplido la última condena”.
Según advierte el texto del proyecto, el abuso sexual “tienen una característica que los distingue de la mayoría de los delitos que tipifica el Código Penal, ya que la habitualidad es mucho más frecuente y la reincidencia se produce en porcentajes alarmantemente mayores que en los demás casos”.
Vale remarcar que “reconocidos estudios psiquiátricos demuestran que el delincuente sexual no es en general psicótico, ni un insano, ya que reconoce la calidad de sus actos, comprende su criminalidad y está en pleno uso de sus facultades al cometerlo, lo que le permite dirigir sus acciones con libertad”, explica entre sus fundamento al firmante de la iniciativa.
Los variados proyectos presentados sobre la necesidad de registrar los nombres y sobre todo, la información genética de los violadores sexuales, tal como lo explica este proyecto, “producen una colisión de derechos, entre el reconocido a la intimidad de las personas, y el derecho a la seguridad, a la libertad sexual, y a la vida”.
Sin embargo, la diputada autora de la propuesta afirma que “la característica abominable del delito a registrar exige soluciones urgentes, claras y preventivas”
Respecto a lo que ocurre en otros países, en Francia por ejemplo la ley obliga a aplicar un seguimiento a los reincidentes sexuales que abandonan la prisión y además creó un Fichero Judicial Nacional Automatizado de los Autores de Infracciones Sexuales.
Por su parte “Gran Bretaña puso en vigencia un sistema de vigilancia para violadores y otros delincuentes sexuales utilizando la tecnología GPS”. Estados Unidos posee entre su legislación la denominada “Ley Megan”, consistente en un plexo normativo preventivo que incluye la creación de un registro de condenados por delitos sexuales. Finalmente, Australia cuenta con un registro de condenados por cometer el delito de violación sexual que incluso puede recomendar la castración química voluntaria.