Como informó Diariojudicial.com, Mondino había acudido a la Justicia pidiendo una medida cautelar autosatisfactiva urgente que dispusiera en el marco de la crisis la prórroga del plazo de los vencimientos por única vez, sin recargo alguno y por el término de veinte días corridos a contar desde la primera fecha de cada vencimiento de las facturas de los servicios públicos, “ante las dificultades causadas por la nueva situación existente, con una operatoria bancaria colapsada en muchos casos”.
El Ombudsman nacional señaló en su pedido a la Justicia que “es absolutamente irrazonable que los usuarios deban pagar recargos, intereses, multas, o verse expuestos a suspensiones o cortes de servicios por un hecho que ellos no provocaron y respecto del cual son completamente inocentes”.
Por otra parte, Mondino también recomendó hoy a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Luis Luquiños, que se suspendan los incrementos tarifarios previstos a partir del 1° de enero de 2002 en los contratos de concesión o licencias de servicios públicos.
El Defensor hizo su recomendación teniendo en vista los contratos, addendas y acuerdos firmados durante el transcurso del año que está por terminar, entre los que aparecen distintos incrementos tarifarios en distintos servicios públicos. Según el escrito enviado al Ejecutivo “estas disposiciones fueron previstas en las respectivas renegociaciones de los contratos de concesión, cuando el contexto del país era otro”.
El Ombudsman hizo hincapié en la “profunda crisis económica financiera”, que según explicó se ve expuesta en las últimas mediciones del INDEC en materia de desocupación, con un índice del 18,3 por ciento en octubre.
“Por otro lado, los trabajadores del sector público vieron mermados sus ingresos salariales en un 13 por ciento, en tanto que en el sector privado tal reducción, en muchos casos alcanzó el 30. En el ámbito provincial, no sólo se produjo una reducción del salario, sino que el pago del mismo se materializa a través de la entrega de bonos emitidos por las diferentes administraciones trayendo aparejado, también, serios inconvenientes a los usuarios y a las propias empresas de servicios públicos”, sostuvo.
Para acordar las subas en los precios de los servicios, las empresas han argumentado que un fuerte índice de morosidad en el pago de los servicios estaría modificando su ecuación e impidiendo la realización de inversiones. En ese sentido, Mondino sostuvo que “de resultar aplicado un nuevo aumento tarifario, se vería incrementada la incidencia de dicho concepto”.
En su escrito también afirmó que “se ha observado una condescendiente actitud del Estado a favor de las concesionarias de servicios públicos, desligándose de la problemática de los usuarios, quienes quedarían librados a su suerte”, al tiempo que agregó que “en los términos de las renegociaciones contractuales de los servicios públicos deberían contemplarse, ineludiblemente, las circunstancias sociales, políticas y económicas del país”.
”No puede soslayarse que, las normas constitucionales y regulatorias, tienden a proteger no sólo al usuario con posibilidades económicas de acceder a los servicios públicos de manera ordinaria, sino a todo ciudadano con derecho a acceder libremente a dicha prestación en situaciones singulares, producto de una circunstancia objetiva respecto de la cual el Estado no pueda resultar indiferente. Dicho en otras palabras los Servicios Públicos son parte de los Derechos que consagra la Constitución Nacional, bajo la cobertura de los derechos de los consumidores y usuarios”, sostuvo el Defensor del Pueblo en el ámbito de todo el país.
Por otro lado intentó dejar en claro que los servicios “resultan ser prestaciones esenciales y en el caso del servicio de agua y cloacas, se encuentra ligado directamente con el derecho a la salud”.
Desindexación de los servicios
Por su parte, el secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, anticipó esta mañana que el Gobierno pretende discutir con las empresas privatizadas de servicios públicos la desindexación de las tarifas, mientras que el ministro de Trabajo, Oraldo Britos, reconoció que el Poder Ejecutivo intentará que acepten la nueva moneda 1 a 1 con el dólar para el pago de los servicios públicos.
Frigeri criticó la modalidad de los contratos que se ajustan por indexación de precios y señaló que “parece increíble, pero acá se firmaron convenios donde actualizamos los precios por inflación de un país que no es el nuestro” (por Estados Unidos). Según explicó, “ningún sistema financiero en el mundo se banca tal situación; Argentina se lo bancó pero dejó sus secuelas”.