Tras una denuncia por posible defraudación a la administración pública, el juez Claudio Bonadío ordenó allanamientos en varias AFJP. El fiscal Guillermo Marijuan investiga si las administradoras comenzaron a liquidar sus activos cuando trascendió la primera información sobre la reestatización del sistema jubilatorio. Durante los operativos, ordenados por el juez Claudio Bonadio, se secuestró abundante documentación sobre las operaciones que realizaron en los últimos días, antes de que el Gobierno presentara formalmente el proyecto de ley para el traspaso. El fiscal cree que las AFJP pudieron haber comprado o vendido papeles compatibles con intereses particulares de sus socios, en detrimento de los intereses de los afiliados. El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), denunció a las empresas por haber liquidado presuntamente bonos soberanos en las últimas horas, al enterarse de la posibilidad de que el sistema privado dejara de existir. Según Marijuán, esta venta masiva de títulos ocasionó una fuerte caída en su valor. En su denuncia, el fiscal atribuyó a las administradoras el presunto delito previsto en el artículo 174 del Código Penal, que pena a quienes cometieren fraudes en perjuicio de la Administración Pública.
Cuestionan judicialmente el cambio de horario (ver archivo adjunto)
Un abogado presentó un amparo para que la Justicia declara inconstitucional el cambio de horario que entró en vigencia el domingo por considerar que afecta “el reloj biológico y el biorritmo de la población”. La presentación la realizó este martes el letrado Lucas Altomonte ante el fuero Contencioso Administrativo Federal porque consideró que la modificación de una hora afecta “el derecho constitucional a la salud”. El abogado sostuvo que la medida también se relaciona con “el incremento de accidentes de tránsito” que se producirán. Según el letrado hay “coincidentes, numerosos y mayoritarios estudios científicos” que así lo ratifican.
Novedades en la causa AMIA
Por primera vez, la Justicia iraní respondió a un exhorto judicial argentino por la causa que se sigue por el atentado a la AMIA, según información que trascendió de la Cancillería argentina. La repuesta fue entregada por el secretario Rodolfo Ojea Quintana al juzgado federal interviniente, a cargo Rodolfo Canicoba Corral. La comunicación, versó sobre el pedido de captura de los seis funcionarios iraníes implicados en la voladura de la AMIA, sobre los cuales pesa también la circular roja de Interpol. En el marco de la causa, la Justicia argentina había reclamado la detención de dichos funcionarios acusados de haber participado del atentado contra la mutual israelí, ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos.
Más involucrados en la ruta
El empresario Ibar Pérez Corradi, mencionado por testigos que declararon en las causas por el Triple Crimen y por la ruta de la efedrina, se entregó ante la policía de Interpol, ya que tenía un pedido de captura en una causa iniciada en Estados Unidos. Paralelamente, el ciudadano mexicano Rodrigo Iturbe, que fue recientemente detenido por su vinculación en esta causa, fue trasladado a Campana, donde quedó a disposición del juez Federal Federico Faggionatto Márquez para prestar declaración indagatoria. El acusado, según testimonios, habría participado en reuniones con las víctimas del triple crimen que habrían estado relacionadas con la comercialización de efedrina para elaborar metanfetaminas.