A 25 años de recuperar la democracia ¿Cuáles fueron los principales cambios en la Justicia? . ¿Y los cambios desde la óptica de la Corte?
Una gran novedad ha sido la instauración del Consejo de la Magistratura, institución con la que discrepé desde que se inició el proyecto por considerarla ajena a nuestro sistema institucional. Es un cuerpo de origen monárquico y que a mi juicio ha demostrado ser ineficiente en materia de designación de magistrados y en la de organización de la oficina judicial. Siempre sostuve que el calificativo “equilibrado” que exige la ley a la composición del Consejo significa “igualdad”. No fui el único pero no fuimos escuchados y el Consejo siempre sufrió una exagerada influencia de los componentes políticos. Incluso, esa influencia se acrecentó con la última reforma que aumentó la influencia del Poder Ejecutivo y del Congreso. Otro de los cambios que considero fundamental en el servicio de justicia fue la paulatina informatización de las oficinas judiciales que debería completarse con urgencia. Aunque parezca un tema periférico, es fundamental a la luz del aumento del número de litigios que ha llegado a ser crítico.
¿Cómo fue integrar la Corte durante la década del 80 y sobre todo durante la realización del juicio a las juntas militares del proceso?
La Constitución Nacional establece un sistema de integración de la Corte tendiente a preservar su permanencia. Si el sistema político argentino fuera estable su renovación sería paulatina y el presidente de turno (y el Senado de turno) designarían al candidato a llenar la vacante producida por razones normales, tales como la muerte, la jubilación o la renuncia de un miembro. Lamentablemente esto no ha sido así y los presidentes se han visto obligados.com frecuencia a designar a varios miembros en un mismo acto. El presidente Alfonsín tuvo que designar a todos los miembros. Hay que remarcar que no se dejó tentar por nombrar a sus amigos o a sus correligionarios políticos (hay que mencionar que esta madura decisión también fue adoptada por el presidente Kirchner en una circunstancia similar). Los cinco pliegos que envió al Senado en 1983 a los cuáles hay que agregar el mío mandado en 1985, cuándo me designó para reemplazar a Genaro Carrió, fueron de personas de muy distintos orígenes políticos y religiosos. Creo que esta integración contribuyó a la gran independencia de la Corte, no sólo frente a los otros poderes y cualquier interés impropio, sino entre los mismos ministros. No se vieron mayorías previas y así fue como las mayorías se integraban en forma distintas. Por ejemplo en el fallo que declaró inconstitucional la prohibición del nuevo matrimonio de personas divorciadas integré la mayoría con los doctores Fayt y Petracchi, en el que declaró la constitucionalidad de la ley de obediencia debida, mi disidencia fue solitaria y en Aerolíneas Argentinas c/ Provincia de Buenos Aires sobre repetición de impuestos acompañé a Bellucio en disidencia. Esta a que me estoy refiriendo fue la Corte que rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra la condena a la junta militar del proceso.
¿Había presiones desde el poder militar a los jueces en aquella época para evitar que se juzguen los crímenes cometidos en los años anteriores?. Si los había ¿De qué tipo eran o cómo se manifestaban?
En ninguna circunstancia sufrí presiones de ningún tipo y nunca tuve noticias de que alguno de mis colegas las haya sufrido. Ahora me entero por el libro del senador Berongaray que hubo fuertes presiones sobre el Poder Ejecutivo en el sentido de la pregunta. Yo tuve la sensación, en el momento de semana santa, de que algo así podía haber pasado, pero fue sólo un pálpito. En todo caso Berongaray se refiere al Poder Ejecutivo, no a la Corte.
¿Al recuperarse la democracia se encontraron con jueces que encubrían o bien avalaban lo que habían hecho los militares durante la dictadura?
En lo que a mí se refiere no tuve conocimiento de tal cosa.
¿Cómo se sintió en la Corte durante la presidencia de Menem?
Como usted sabe, yo renuncié el día en que se publicó la ley que estableció el aumento del número de los jueces de la Corte. Antes de eso, cuando ya se estaba considerando el proyecto de ley, la Corte aprobó y difundió una acordada en que se oponía al aumento y que mostraba la debilidad de los argumentos en que se pretendía fundarlo. Simultáneamente se dieron a publicidad estadísticas que mostraban que la Corte estaba completamente al día, ya que un pretendido atraso era uno de los argumentos.
¿Cómo vio el funcionamiento del Tribunal después de renunciar?
Lo que vi fue lo que había previsto. Debo aclararle que creo que la Corte debe tratar en principio de favorecer las políticas del Estado, pero existe un límite para ello que es el de la constitucionalidad. Creo que comete prevaricato el juez que declara la constitucionalidad de una ley inconstitucional o declara la inconstitucionalidad si sabe que es constitucional para favorecer una medida de gobierno.
Hoy desde la propia Justicia se denuncia la intromisión del poder político. ¿Esa situación se repetía de la misma manera en los 80?
Acabo de leer un artículo en un diario titulado “Denuncian el avance del oficialismo sobre la justicia”. Un grupo de abogados, ex miembros del Consejo de la Magistratura, .y legisladores analizaron los déficits del Consejo de la Magistratura y llegaron a la conclusión de que esos déficits no son los únicos síntomas del avance del gobierno sobre la justicia. La acusación no es nueva: recuerdo que hace pocos meses el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial alertó sobre algunos funcionarios que pretendían influenciar sobre la libertad de decisión de los jueces
¿Por qué tuvieron que pasar 25 años para que los culpables de delitos de lesa humanidad sean condenados o en otros casos estén presos a la espera del juicio?
Esto tiene que ver con los tratados sobre derechos humanos que la Argentina incorporó a su legislación con rango constitucional
¿Esto está relacionado con el apoyo que preste en esa materia el Gobierno de turno?
No se trata de la voluntad del “gobierno de turno”. De paso le recuerdo el juicio a las juntas y a otros acusados de homicidios, torturas, secuestros y desapariciones forzadas. Y esto fue al principio de la década del 80.
Desde el kirchnerismo parece haber una decisión clara y concreta de juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura. ¿El entonces presidente Raúl Alfonsín, la tenía?
Creo que indudablemente la tenía, Eran tiempos muy difíciles. Yo no lo conozco íntimamente a Alfonsín pero creo que su accionar pone bien en claro su convicción democrática, fe republicana y su absoluto repudio a la violencia. Lo conocí en una visita protocolar el mismo día de mi nombramiento. En el transcurso de esa visita comprobé que sabía bien quién era yo y qué puntos calzaba. Pensé que estaría informado por Carlos Nino uno de sus hombres de confianza que fue mi alumno en la facultad y que a través de una larga relación me enseñó mucho más de lo que yo pude haberle enseñado a él. Siempre pensé que el envío de las leyes de Punto final y Obediencia debida debe haber sido un duro trance para el presidente y que había obedecido a la necesidad de contener la presión militar. Pensaba esto y no obstante me pronuncié por la inconstitucionalidad de la Obediencia debida
Hubo muchos casos en que se intentó destituir a un juez por haber sido parte del Poder Judicial durante el proceso militar. ¿Usted considera que se lo debe remover por ese antecedente o no?
Considero que de ninguna manera el hecho de haber actuado en la magistratura entre 1976 y 1983 es causa suficiente para una destitución ni para sanción alguna. Otra cosa es si al magistrado se le comprobara complicidad. Muchos jueces nombrados antes de 1976 y aún después fueron buenos magistrados. Hubo muchos comprometidos con la justicia como lo fueron algunos de los miembros de la cámara que juzgó a las juntas.
¿Cómo ve el funcionamiento de la Corte Suprema hoy?
Lo veo complicado. La principal razón es el exceso de causas que originan mucho retraso. Los recursos por arbitrariedad constituyen un gran universo que habría que acotar o suprimir. La doctrina de la arbitrariedad de sentencia es una construcción jurisprudencial muy refinada y que originó uno de las investigaciones de jurisprudencia más atractivas. Personalmente creo que mantenerla es un error. Consiste en que la Corte debe avocarse al juzgamiento de la arbitrariedad de las sentencias del tribunal superior de la causa. Tal avocación se sustenta en la creencia de que las sentencias de los superiores de la causa son deficientes. Este recurso que nació como medida de excepción se ha convertido en la última etapa natural de todos los pleitos. En muchos casos se interpone el recurso “por si las cosas” y a veces cuando los abogados opinan que no hay que interponerlo porque lo ven improcedente, los justiciables exigen su presentación. Hace un tiempo presenté en una reunión del FORES una sugerencia propiciando la abolición por vía legislativa del recurso por arbitrariedad. Los argumentos para sustentar el cambio son dos. Uno de corte lógico consistente en la afirmación, de que si la Corte se avoca al juzgamiento de la arbitrariedad del Tribunal superior de la causa, otro órgano debía juzgar la arbitrariedad de la Corte. Esta premisa lleva a un regresus ad infinitum y para evitarlo no se ve porque el corte debe producirse en la Corte y no en el Tribunal. El segundo argumento es de tipo axiológico: De los recursos por arbitrariedad solamente prosperan muy pocos. Luego las injusticias que remedia el recurso son escasas. En cambio la enorme cantidad de recursos que debe considerar la Corte inciden muy fuertemente en la demora en la tramitación de todas las causas. La demora también constituye una injusticia. Parece claro que la cantidad de justicia distribuida aumenta si se suprime el recurso.
¿En la actualidad, la Justicia está más cerca de la gente?
No lo creo. El acceso a la justicia sigue siendo caro y complicado. Esto hace que la gente no se interese por los problemas relacionados con ella. Creo que la gente del común piensa que cuánto menos tenga que ver con el servicio de justicia, mejor.
¿Por qué renunció a la Corte Suprema? ¿Se arrepiente?
No, no me arrepiento. Dije en mi renuncia que si bien la ley de aumento del número de ministros cumplía con todos los requisitos formales que exigía el orden jurídico, yo discrepaba con los argumentos de oportunidad y conveniencia en que se pretendía fundarlo. No era verdad que la Corte estuviese atrasada en su despacho. Creí que el aumento, lejos de facilitar la circulación de expedientes la dificultaría. Aumentaría el gasto y la burocracia. Además de estas razones pensé que el nombramiento de seis ministros al mismo tiempo, abría la posibilidad que se formase una mayoría automática, lo que creo que ocurrió. En mi fuero interno también me impulsó a renunciar el convencimiento de que haber firmado una tan terminante acordada y permanecer en mi cargo, hubiera sido incompatible..
¿En que momento se sintió más cómodo durante su paso por la Corte Suprema?
Durante toda mi permanencia en la Corte me sentí cómodo en mi trabajo, tanto por mi buena relación con mis colegas así como con los funcionarios y empleados del Tribunal. A último momento, cuando ya se estaba por sancionar la ley de aumento, sentí cierta desazón que bien pudo haber sido incomodidad.
¿La gente recuperó la confianza que había perdido años atrás?
Pienso que la gente no recuperó la confianza en la justicia. La sensación de inseguridad que se ha extendido por toda la República es atribuida por la sociedad, entre otras cosas, a una deficiencia en el servicio de justicia, cosa que no comparto, pero creo que ha hecho aumentar la desconfianza.
¿Piensa que la Justicia tiene una deuda pendiente con el juzgamiento de los guerrilleros que actuaron en los ´70?
No. La justicia no tiene ninguna deuda por la sencilla razón de que los guerrilleros han sido indultados en la década del 90; considero que la justicia no tiene facultades para ignorar el indulto. En todo caso, si hubiera responsabilidad, sería una responsabilidad moral de quien firmó los indultos.