Además, se creará un grupo de enlace permanente y se promoverá asistencia a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos por parte de sus superiores en el momento que se produjo “la guerra de las Malvinas”.
En relación a esto, Eduardo Rezses, coordinador del área de investigación y memoria de la Secretaría de DDHH, explicó que “este acuerdo es un convenio de colaboración de trabajo en conjunto, con el fin de recopilar los testimonios de los ex combatientes que participaron en el conflicto bélico y que hayan sufrido torturas u otro tipo de maltrato por parte de su superior, o eventualmente de las tropas enemigas.”
Aclaró que en Río Grande (que es el lugar más cercano a los hechos por eso tiene jurisdicción en el asunto), se lleva adelante esta causa, donde se buscará calificar a estos delitos como crímenes de lesa humanidad. Manifestó que la violencia ejercida a los combatientes radicaba en que los mismos habían robado comida o abrigo para el invierno y que como consecuencia de ello, sufrieron graves maltratos.
Indicó además, que hay jurisprudencia internacional que califican a los ultrajes perpetuados a soldados como crímenes de lesa humanidad, y que la función de la Secretaría será denunciar estos actos, y luego participar como “Amici Curiae” (amigos del tribunal) dando una calificación legal de los hechos.
Por su parte, el presidente del CECIM, Ernesto Alonso, manifestó que “quienes tendrían que haber protegido no lo hicieron, el enemigo eran las fuerzas británicas, no nosotros” y agregó que “con este convenio tenemos la garantía del Estado en cuanto a la protección de los testimonios que se brinden.”
Adicionalmente a esta medida, se otorgó otro beneficio a los ex combatientes, a partir de que se aprobó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que se eximirá del impuesto inmobiliario a aquellos veteranos de guerra que posean una única vivienda destinada a uso familiar.
También establece la dispensa de "la deuda por el Impuesto Inmobiliario, sus actualizaciones, multas e intereses, vencida con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, de aquellos inmuebles cuyos titulares de dominio fueren soldados combatientes conscriptos y civiles", que combatieron en dicho conflicto.
La ley explicita que "no podrán acceder a la exención prevista en este inciso o mantenerla, quienes hubiesen sido condenados por delitos de lesa humanidad". En el Juzgado Federal de Río Grande ya hay 80 casos documentados. Se calcula que en la Provincia de Buenos Aires hay 5 mil ex combatientes.