Los datos difundidos en el Estado vecino por la Dirección General de Penitenciarias y Supervisión, determinan que de un total de 7.418 reclusos de todo el país, un 75 por ciento (5590 ciudadanos) están en la cárcel cumpliendo prisión preventiva, y sólo un 25 por ciento de los reclusos tiene sentencia firme.
En razón de ello, el director de Régimen Penitenciario de ese país, sostuvo que está situación es preocupante en términos de la falta de protección de la dignidad de las personas privadas de libertad, ya que la cantidad de reclusos, “supera ampliamente la capacidad real, produciendo un hacinamiento que resulta insostenible en las cárceles de Bolivia.”
En base a esto, requirió a los jueces de ese Estado, que antes de enviar a prisión a más ciudadanos, deben “valorar los hechos y aplicar la ley, teniendo en cuenta esta tendencia.”
Respecto a la situación en nuestro país, la Defensoría General de la Nación y UNICEF Argentina informaron que en las cárceles federales, el 60% del total de mujeres detenidas se encuentra en prisión preventiva y sin tener una condena efectiva, donde la gran mayoría está procesada por delitos no violentos. Por otro lado, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de las 933 mujeres presas, el 80 % de ellas se encuentran detenidas sin sentencia condenatoria.
Adicionalmente a esto, se expone que en los últimos 15 años, la población carcelaria femenina creció aproximadamente un 240 por ciento, contra el 145 por ciento de la población carcelaria masculina.
Se explicó que sólo en los establecimientos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal, hay 1019 mujeres presas, donde más de 80 permanecen encerradas junto a sus hijas o hijos menores de cuatro años. En la provincia de Buenos Aires la población penitenciaria femenina es de 933 y se desconoce la cantidad total de niños que viven recluidos.
Analizando esta situación, es que las Naciones Unidas recomendó que se extienda el uso de la prisión domiciliaria para las mujeres embarazadas o con niños, y que se implementen otras medidas alternativas para la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad, de sus hijas o hijos y de su grupo familiar.
Estas opciones, se solicitaron respondiendo a que las deterioradas condiciones de las cárceles y el nivel de ansiedad y angustia que provoca el encierro, pueden afectar la salud física y emocional de las mujeres embarazadas y de los menores a su cargo.
Ya en el año 2005, el número de presos en cárceles de Argentina había aumentado cerca de un 44% en los últimos cinco años, llevado al sistema carcelario del país al borde del colapso.