“Estos chicos son inimputables y no pueden ser largados a la calle sin averiguar primero en qué situación están. Si tienen familia, si los quiere, puede o tiene medios para recibirlos, si la familia no es justamente el problema del chico”, explicó la jueza los alcances del fallo que revocó una resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que en diciembre del año pasado dispuso la libertad de un grupo de menores detenidos en el Instituto San Martín de la ciudad de Buenos Aires.
“No podemos largar a los chicos a la calle sin averiguar que pasa porque sino estamos ofreciendo blancos móviles”, afirmó Argibay y agregó que “desgraciadamente” en el país no se terminó el “gatillo fácil y estos chicos están marcados”.
“Entonces si nosotros sin averiguar a donde pueden ir para que estén seguros, los largamos a la calle hacemos de ellos chicos de la calle que van a sufrir el maltrato, la explotación o la muerte”, completó la magistrada al hablar con los periodistas luego de la firma de un convenio para el inicio de la construcción del nuevo edificio donde funcionará la morgue judicial.
Respecto a la situación de los chicos internados, Argibay explicó que en el fallo la Corte Suprema dispone que los jueces de menores que tienen a su cargo a los jóvenes. “Les estamos diciendo a los jueces de menores que tiene que estar atentos a esto porque estos chicos también dependen de ustedes”, afirmó la magistrada.
La jueza también señaló que la problemática de los institutos de menores debe ser solucionada por los otros poderes del Estado. “Nosotros no somos los que podemos modificar las cosas. Esto es un problema del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. ¿Por qué nos echan las culpas a nosotros?”, se preguntó. “No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo”, agregó.
Argibay refirió que en el Congreso existen proyectos para adaptar la Justicia penal juvenil a lo que implica la Convención de los Derechos del Niño y les dejó un mensaje a los legisladores: “La Convención dice que hasta los 18 años son niños y la Convención tiene status constitucional, pido que lo recuerden, por favor”.
Por otra parte, la jueza criticó medidas como bajar la edad de inimputabilidad. “Para mi bajar la edad de inimputabilidad no sirve para nada, subir penas indiscriminadamente no sirve para nada, incluir delitos insólitos en el Código Penal tampoco porque cuanto mayor sea la cantidad de prohibiciones peor va a ser la vida social”, opinó.
Consultada sobre la declaración de inconstitucionalidad que Casación hizo del artículo primero de la ley 22.278 de régimen de minoridad, Argibay afirmó que “es una medida demasiado seria como para tomársela a la ligera”. “De oficio yo no declaró inconstitucionales”, sostuvo.
Ayer había sido su colega, Raúl Zaffaroni, quien había salido a defender y explicar el fallo de la Corte. Además de frenar la liberación indiscriminada de menores encausados, "le pedimos al Congreso que cambie la legislación porque nuestro régimen penal de menores es inconstitucional.A un niño jamás se le puede imponer la pena de un adulto”. "Espero que el Congreso finalmente adopte una legislación compatible con la Constitución", se explayó el penalista.