El proyecto excluye a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el Fiscal General y el Defensor General. Plantea que el Consejo de la Magistratura será el encargado de la selección de los postulantes a jueces inferiores y miembros de los ministerios públicos del poder judicial de la provincia. Dicho consejo estará conformado por dos representantes del Ejecutivo Nacional, tres diputados, un representante de los Abogados, uno de los Jueces inferiores y un representante de las universidades radicadas en la provincia. Y será presidido por un miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Además, el consejo se encargará de cubrir las vacantes que se produzcan de manera transitoria, no pudiendo exceder las designaciones el plazo de seis meses. A su vez se establece que por cada miembro titular se elegirá a un suplente. Para que en caso de renuncia, inhibición, recusación, remoción, fallecimiento u otro impedimento pueda sustituirlo. Por otra parte también recibirá las denuncias contra jueces o miembros del ministerio publico y decidirá la apertura del Jurado de enjuiciamiento o la concerniente remisión de las actuaciones al Superior Tribunal.
Por otra parte el jurado de enjuiciamiento se encargará de la remoción de los funcionarios que sean elegidos por el consejo y estará integrado por representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Poder Ejecutivo Provincial, la Función Legislativa y el Consejo de Abogados de la Provincia.
En tanto que una implicancia singular de este proyecto es que la remoción de los magistrados será podrá ser solicitada por cualquier ciudadano. Para lo cual se deberá elevar una denuncia al consejo de la Magistratura que deberá estar en algunas de las causales establecidas por la constitución provincial.
Ahora toca que el debate se torne en la legislatura provincial y pase a ser tratado tanto por el senado como por la cámara de diputados provincial. Desde el oficialismo se espera que inmediatamente aprobado el proyecto, comiencen a funcionar estos organismos de manera integral.