En el salón San Martín de la Legislatura, el ministro Montenegro afirmó que “en algún bendito día, todas las competencias deben estar a cargo del Poder Judicial de la Ciudad", y aclaró que la autonomía es algo que se ejerce, no sólo algo que se vocaliza”.
Montenegro aseguró que en la Capital Federal “se llevan adelante juicios más rápidos y con una importante madurez”. Además, consideró que la creación de la Policía Metropolitana “es una de las formas de generar autonomía” y que ese tipo de políticas “deben ser hechas desde el propio Estado”.
Al abrir el encuentro, el Presidente del Consejo de la Magistratura porteño y legislador del PRO, Mauricio Devoto, pidió “no solo pensar en solucionar problemas actuales” sino también en “prepararnos para asumir todas las competencias que la Constitución nos da”.
El juez en lo penal, contravencional y de faltas porteño Gabriel Vega expresó que el “firmar convenios es un mandato, en todo caso las autoridades deben evaluar las fechas” para celebrarlos. “Los convenios no establecieron la autonomía, sino que la misma estaba expresada en la Constitución Nacional”, añadió.
Vega, también integrante del Consejo de la Magistratura, dijo tener “un compromiso autonómico”, y sobre ello recordó que juró una primera vez como juez, la segunda como consejero y la tercera por el hecho “de ser porteño”.
El magistrado se mostró crítico con los dos convenios celebrados con la Nación para el traspaso de competencias: como ejemplo citó el porque se transfirió el delito de lesiones en riña y no el de lesiones leves o porque se pasó el de amenazas y no el de amenazas agravadas. “No es necesario hablar de un tercer convenio sino de ampliar el segundo”, dijo al respecto Vega.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Porteño, José Casás, quien estuvo a cargo del cierre del encuentro, hizo en su discurso hincapié en el financiamiento. “Sin autonomía financiera no hay autonomía política”, aseguró, y remató: “federalismo es federalismo fiscal o no lo es” caso contrario es “centralismo unitario”.
Siguiendo la misma línea el vocal del TSJ Luis Lozano aseguró que la Ciudad aporta muchísimo más a la Nación de lo que recibe. “Para tener un país en serio hay que tener cuentas en serio” y “autonomía significa equiparar a los ciudadanos porteños con los del resto del país”, criticó.
Otro de los panelistas fue el Subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, quien calificó de “positivo” los convenios ya celebrados con la Nación y por ello hizo hincapié en la “necesidad de ampliarlos”.
El funcionario, en coincidencia con el consejero Julio De Giovanni, opinó que “a los delitos cometidos por un funcionario del Gobierno de la Ciudad lo debe juzgar un juez de la Ciudad”. “Sirve que el Ejecutivo tenga herramientas para seducir a los jueces” para que se pasen al ámbito de la Capital Federal”.
Por su parte, la Defensora Oficial de la Nación Patricia Tarraubella invocó la importancia de adoptar penas alternativas sin llegar a aquellas que prevén la privación de la libertad. Así, relató que en la Capital “hay una gran cantidad de arrebatos” y que en muchos de los casos, los imputados al no tener un arraigo, “el juez lo priva de la libertad”.
Incluso citó una estadística sobre un turno que le tocó cubrir a ella durante el mes de octubre y donde hubo “diez detenidos por día por arrebatos”.
Entre el público que asistió al amplio y lujoso salón de la Legislatura, donde se acompaño con un convite, se pudo ver a la integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño Ana Conde, la Defensora General Adjunta, Betina Castorino, y el presidente del Colegio de Magistrados local, Marcelo Vázquez, entre otros.