Se trata de causas en las que en los juzgados números 12 y 6 se declararon incompetentes. Las denuncias habían ingresado en juzgados en lo Contencioso Administrativo y ambas solicitaban una medida cautelar en contra del traspaso de los aportes jubilatorios del sector privado al público.
Fuentes del fuero Federal de la Seguridad Social afirmaron, que lo más probable es que se acepten las causas derivadas del Contencioso Administrativo en razón de la materia. Aunque también aclararon que, a la fecha, ingresaron “una cantidad importante” de acciones de amparo y medidas cautelares autónomas directamente a ese fuero.
La medida que solicitaban los demandantes era el embargo preventivo de los aportes hechos a las AFJP. Entre los fundamentos que se esgrimieron para considerar que las causas debían tramitarse ante el fuero de la Seguridad Social, se explica que “la competencia contencioso administrativa aparece definida no porque intervenga el Estado “lato sensu”, sino por la subsunción del caso en el derecho administrativo” basándose en “Comelli Duarte de Amuchástegui” (28/07/81), “Obra Social del MOSP” (24/04/86), “Camero” (7/08/84) y “Requeira” (27/12/85).
También se consideró que el “derecho de fondo no es administrativo, sino de la seguridad social”, ya que lo que plantea el nuevo régimen es la creación de un nuevo sistema previsional (SIPA). “En consecuencia, la eliminación del actual régimen de capitalización y su absorción por el régimen de reparto”.
En el último mes el fuero Contencioso Administrativo recibió unas 60 presentaciones, que incluían amparos y procesos ordinarios. Con esta declaración de incompetencia se espera que estas demandas pasen a engrosar el trabajo del fuero de la Seguridad Social y que las nuevas denuncias recaigan directamente allí.
El 9 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.425, que permite la creación del Sistema Previsional Argentino (SIPA). Traspasando, de esta manera, los fondos de las administradoras privadas hacia el Estado.