“Realmente la perplejidad que causa esta determinación, es absoluta a partir de que, si no se respeta la división de poderes que establece la Constitución Nacional, la democracia en la República será solamente una declaración carente de sustento y pone a las instituciones en grave riesgo de caer en manos de gobernantes totalitarios que no aceptan divergencias dentro de las facultades que tiene el Poder Judicial de Tucumán”, señala la declaración.
Se trata de una carta que el secretario general de la FJA, Jorge Izquierdo, envió al presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Carlos Andreucci.
Las críticas son a la reglamentación y ley 8.136 por la cual se fijó la elección de jueces, fiscales y defensores oficiales subrogantes por parte del Gobernador. La medida se tomó a partir de la imposibilidad de constituir el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) por lo que el Poder Ejecutivo dictó la emergencia del Poder Judicial.
Ahora el Gobierno, ante una vacante, convocará a inscripción para el cargo y elegirá a uno de los postulantes cuyo nombre será remitido a la Legislatura para su designación. Este proceso permite que se presenten empleados públicos y no prevé ningún examen de conocimiento sobre las capacidades para ocupar la función.
El Poder Ejecutivo señaló que dictó la medida por “la grave situación institucional relacionada con la cobertura de las vacantes”. La referencia es a que la Corte Suprema provincial declaró inconstitucional el artículo de la reforma a la Carta Magna que permitía al Gobierno integrar la CAM por decreto.
La FJA consideró que Alperovich avasalla “los estados federales del país y asumiendo en la práctica la suma del poder público” al decretar la emergencia judicial. “No solo en Tucumán vemos como se avasallan las instituciones, también ocurre ello en La Rioja, cuestión que le hemos hecho saber oportunamente, lo que aparece como una imitación de quienes no se detienen ante nada con tal de ver satisfechos sus oscuros intereses”, completa el texto.