La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó este jueves la excarcelación de los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y otros diez represores procesados en la megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad, debido a que se vencieron los plazos legales de la prisión preventiva. La decisión tuvo eco automático en el ámbito político: la presidenta la criticó con dureza y los legisladores oficialistas anunciaron un pedido de juicio político para los camaristas. Sin embargo, las libertades no se harán efectivas de inmediato.
Las excarcelaciones las firmaron los jueces Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García, de la Sala II, en base a la ley 24.390 que regula los plazos para que una persona puede estar detenida sin condena. La norma establece que "la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años" y que se podrá extender un año más para causas complejas o en las cuales se investiguen varios delitos. Transcurrido ese plazo "el imputado recuperará la libertad bajo la caución que el tribunal determine", señala la ley.
Ahora el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, deberá fijar las condiciones en que los represores serán liberados. Además de Astiz y Acosta se vieron beneficiados con el fallo, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ernesto Weber, Víctor Cardo, Alberto González, Raúl González, Juan Antonio Azic y Néstor Savio.
Para que cada uno acceda a la libertad, deberán presentar tres fiadores que se comprometan patrimonialmente a responder frente al incumplimiento de no estar a derecho de parte de los procesados.
Los beneficios de las libertades fueron otorgados en la causa ESMA y en otros expedientes conexos que investigan delitos cometidos en ese centro clandestino durante la última dictadura militar.
Conocida la noticia, la presidenta Cristina Fernández afirmó que "hoy es un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro sistema judicial". En tanto, legisladores kirchneristas adelantaron que presentarán un pedido de juicio político contra dos de los tres jueces - Guillermo Yacobucci y Luis García- que posibilitaron la liberación de los ex represores.
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