18 de Julio de 2024
Edicion 7008 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 19/07/2024

¿Las vicisitudes de la burocracia?

La creación del Polo Penal de Retiro es una de las expresiones más acabadas de la extensión de los procesos administrativos. Un proyecto que comenzó en el Consejo de la Magistratura en el año 2004 y que hoy, a fines de 2008, ya se pospone para el año próximo.

 
Allá por el año 2004 en la resolución 346/04 se aprobó la elaboración del Plan edilicio del Poder Judicial de la Nación, el cual incluye la unificación de los juzgados penales en un solo edificio. Según lo expresa la sesión Plenario del 24 de Noviembre del 2005, el desarrollo de las etapas para el “traslado de la Justicia Penal con asiento en Capital Federal al Polo Retiro”

Cabe aclarar que en la actualidad los juzgados penales funcionan en los edificios de Comodoro Py 2002, actual sede de las Cámaras de Casación Penal y Criminal y Correccional Federal; y la sede de Av. de los Inmigrantes 1950 que alberga a todos los los juzgados en lo Penal económico pero no a los de Penal tributario.

Siguiendo con el camino, hacia diciembre del 2006 se autorizó en el Plenario del Consejo de Magistratura la compra del inmueble ubicado entre la Av. Antártida Argentina y la Av. de los Inmigrantes (ex-futuro hospital Aeronáutico), por la suma de 33.700.000 de pesos (resolución 582/06), formalizándose el contrato hacia el 28 de ese mismo mes.

Luego se definió llamar a concurso a través de la Sociedad Central de Arquitectos, para lo que previamente se trabajo en puntos a definir acerca de las jurisdicciones que se encuentran afectadas. Como ser el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Servicio Penitenciario Federal.

Una vez concluido el análisis logístico de las dependencias, y con las definiciones de cada predio o edificio, “y con un relevamiento de las necesidades de cada fuero involucrado”, recién se pasará a convertir en un programa arquitectónico que permitirá desarrollar el anteproyecto.

Ya en el año 2008, cuatro años desde que comenzó todo, en el mes de octubre en el expediente 14-30192/08, se propone al Consejo de la Magistratura “abordar el anteproyecto arquitectónico para construir un conjunto edilicio en el predio del ex Hospital Aeronáutico”. Con el objetivo de realizar el concurso público anteriormente citado por parte de la Sociedad Central de Arquitectos (S.C.A.)

No es ingrato recordar que el plan aprobado en el Consejo en noviembre del 2005 contemplaba un plazo de tres años para terminar la construcción del edificio y de dos años más para completar los traslados de los juzgados.

Días más tarde, el 15 de octubre, se derivaron al presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, Luís María Cabral, gestiones “a impulsar el llamado Polo Judicial”. Lo que no es más que intentar “impulsar la realización del concurso público nacional de anteproyectos”.

Para el 23 de Octubre al despacho de Cabral llegaba otro texto, en el cual se pedía la postergación del tratamiento de este expediente, el 14-30192/08. Allí se hace hincapié en lo que desde el lugar común podríamos llamar nimiedades, pero que en definitiva hacen al estricto proceso de selección para el concurso de los anteproyectos.

Por ejemplo, en “la cláusula quinta, los miembros del Jurado deben ser cuatro y no cinco, como se los detalla” o la crítica al hecho de interactuar con la SCA donde “quizás resultaría más conveniente para el P.J.N., una vinculación distinta a la propuesta, y solo convendría la asistencia y/o asesoría técnica de la SCA; y no la organización conjunta con el P.J.N. del concurso público.

Luego de esta prórroga pedida, estuvieron los intentos fallidos del tratamiento en la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura por falta de quórum y la postergación debido a la cercanía de la feria judicial de su tratamiento recién para el año que viene. Los jueces consejeros quieren y no pueden. La cinta de inauguración ya es un hecho que la cortarán quienes lo sucedan.

Burocracia “es un término con que se designa a los empleados públicos en los negocios del Estado” según la Real Academia Española. Aunque aquí, parece más que nada un burocratismo, citando nuevamente, “tendencia a las soluciones puramente administrativas y formales en los asuntos públicos y privados”.



dju / dju
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