“En general es una reforma que está bien encarada. Trata de resolver una serie de problemas viejos”, opinó el juez de la Cámara de Casación penal de la provincia Federico Domínguez. “Es un Código hecho para evitar el juicio: dejar los grandes procesos para el juicio y cerrar todas las cuestiones donde no hay problemas con un acuerdo. Si el imputado no lo acepta, el juicio debe realizare en un plazo muy corto”, agregó el magistrado.
“Los problemas de la justicia no se solución solo con la reforma legales, son problemas de fondo. Esta norma apunta a restringir más derechos y garantías procesales”, dijo por su parte el vicepresidente de la Red de Jueces Penales de la provincia y magistrado de un Tribunal Oral de Morón, Pedro Rodríguez.
Una de las reformas fue la limitación de excarcelaciones y morigeraciones que solo serán aplicables para mayores de 70 años, mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años o enfermos terminales. “Contraviene el sentido de la doctrina del fallo “Verbistky” de la Corte Suprema y promueve encarcelaciones generalizadas, lo que es contraproducente”, señaló Rodríguez.
En off de record otro juez bonaerense calificó esa reforma como “una vuelta al sistema judicial de la edad media”. “De acuerdo a los convenios internacionales tengo dudas que sea valido constitucionalmente. Esto va a traer un problema carcelario”, se explayó el magistrado.
La reforma también modificó la integración de los tribunales orales. Para el caso de delitos con penas menores a los 15 años serán unipersonales, excepto cuando los imputados sean funcionarios públicos.
“La unipersonalización es inconstitucional”, opinó Rodríguez. “Hay normas constitucionales que obligan al voto de los tres jueces. Es una posición de menores garantías para el procesado con una situación de mayor debilidad del magistrado en el sentido que es más susceptible de influencias, presiones y amenazas que un tribunal colegiado”, sostuvo el juez.
Por otra parte, también se le otorga un rol a la víctima del delito investigado. “Es una deuda que se tenía con el pueblo de la provincia. Ahora la víctima puede seguir el juicio hasta el final”, consideró Domínguez.
La Unión Cívica Radical se opuso a la reforma y el jefe del bloque de diputados, Ricardo Jano, sostuvo que “toda la ley tiende a que la libertad sea la excepción durante el proceso”, lo que calificó de “desacertado”. “Hay cuestiones que nos parecen inaceptables. Que el fiscal declare la flagrancia y no el juez, no corresponde”, abundó el legislador.