La causa que dio el puntapié para el inicio de la seguidilla de juicios a represores fue la que condenó a Julio Simon (alias el Turco Julián) por la privación ilegal de la libertad de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, -que fueron sometidos a torturas en el centro clandestino de detención El Olimpo- y por el ocultamiento de su hija, Claudia Victoria, que fue recuperada en el 2000. Por ese accionar, el TOF 5 lo condenó, en agosto de 2006, a veinticinco años de prisión.
Sólo este año, 184 personas fueron procesadas en todo el país. Además, se llevaron a cabo doce juicios -que ya tienen sentencia firme-, entre ellos siete que juzgaron casos de sustracción de menores y supresión de identidad. A diciembre de 2008, según el informe de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de estado –dependiente de la Procuración General de la Nación-, se registraron 378 personas detenidas y otras 54 con pedido de captura.
Durante este año se llevaron adelante siete juicios orales, la mayoría de ellos en provincias que por primera vez -y a 25 años del regreso de la democracia-, juzgaron a sus mandamases. Corrientes, Misiones, Córdoba, Tucumán y Neuquén dijeron basta a la impunidad.
Sin embargo, del balance de 2008 también surge que apenas 28 imputados por delitos cometidos durante la dictadura pasan sus días en prisión –que en muchos casos es domiciliaria-.
El 3 de julio pasado, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Posadas condenó a Carlos Humberto Caggiano Tedesco por ser autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la aplicación de tormentos seguidos de muerte “en concurso real” respecto del ex decano de la facultad de Ciencias Exactas de la UNaM, Alfredo González. Le cupo 25 años de prisión.
Quince días más tarde, el comisario general retirado Juan Carlos Lapuyole y al ex policía Carlos Gallone fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada por su carácter de funcionario público" y 30 casos de "homicidio calificado con alevosía".
En el primer fallo de crímenes de lesa humanidad en Córdoba, fueron condenados, el pasado 24 de julio, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Acosta, Oscar Rodríguez, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, Orestes Padován Orestes y Ramón Lardone.
Menendez, ex jefe del III Cuerpo del Ejército y sus siete subordinados fueron condenados a prisión perpetua. Se les imputó el secuestro, tortura y asesinato, a fines de 1977, de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Poco más de un mes y medio después, Menendez volvió a enfrentarse a jueces y fue condenado a prisión perpetua junto al ex gobernador de Tucumán, Antonio Bussi, en la provincia azucarera. A los dos se les imputó el delito de asociación ilícita, desaparición forzada, violación de domicilio, violación ilegítima de la libertad agravada, condiciones tortuosas de detención, aplicación de tormentos reiterados y homicidio calificado, delitos de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo y el 6 de abril de 1976 por la desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
En noviembre fueron condenados el ex coronel Alberto Pedro Barda (prisión perpetua), y los ex brigadiers César Miguel Comes e Hipólito Mariani (25 años de prisión) en la causa "Suárez Masón, Carlos Guillermo y otros s/ privación ilegal de la libertad" (Primer Cuerpo del Ejército; Vesubio y Mansión Seré).
El 18 de diciembre, ocho de los regentes del centro clandestino La Escuelita de Neuquén escucharon el veredicto de los jueces de esa provincia. Oscar Lorenzo Reinhold y Enrique Braulio Olea merecieron la pena de prisión perpetua (25 años de cárcel). La misma pena le cupo al teniente coronel Mario Gómez Arenas, responsable de Inteligencia en la zona, con directa injerencia en el centro de detención y tortura.
Luis Alberto Farías Barrera -el nexo visible con los familiares de las víctimas secuestradas en La Escuelita- obtuvo una condena de 22 años de prisión. Mientras que, para los oficiales de inteligencia Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra, la pena llegó a 21 años de encierro.
Hilarión de la Pas Sosa, el médico imputado de haber asistido a sesiones de tortura en el campo de concentración que funcionó en las afueras de la capital de Neuquén, tendrá que cumplir una pena de 20 años de prisión. En tanto, el suboficial Francisco Julio Oviedo mereció siete años de prisión.
Otro hecho inédito de 2008 fue la condena al ex capital del Ejército Enrique Berthier, y a Osvaldo Rivas y a María Gómez Pinto por la apropiación ilegal de María Eugenia Sampallo Barragán hija de Mirta Mabel Barragán y Leonardo Sampallo y la primera joven que llevó a los Tribunales al matrimonio que la crió como si fuera propia y que durante años le mintió sistemáticamente sobre el destino de sus padres.
Un año que deja un trago amargo por el reciente fallo de la Cámara de Casación que ordenó la liberación de Alfredo Astiz y Acosta –finalmente revocado por la apelación del fiscal Raúl Plee- pero que desde un punto de vista más amplio la sensación es que se trabajó en pos del ansiado “Nunca Más”.