Los camaristas Guillermo Tragant y Eduardo Riggi consideraron que la situación del imputado no encuadra en el “primero de los supuestos -setenta años de edad-, y tampoco -más allá del deterioro de salud al que alude la defensa-, en el segundo, esto es, enfermedad terminal, conforme surge del informe médico”.
Por ello rechazaron el recurso de la defensa y consideraron que la resolución del TOPE2 “no se aparta de la solución normativamente prevista”.
Por su parte, la jueza Ángela Ledesma, quien presidió el voto, se manifestó a favor de conceder el arresto domiciliario. “Interpreto que si bien no se ha acreditado la existencia de una enfermedad en período terminal o indicadores inequívocos de un deterioro en la salud de Giménez Amaya con motivo del encierro carcelario, lo cierto que no pueden soslayarse las características de la enfermedad inmunológica que padece y los riesgos que -en estas condiciones- necesariamente implica la permanencia en prisión”.
Además, consideró que no existe peligro de fuga, y al respecto tuvo en cuenta un informe de una trabajadora social quien dio cuenta que la hermana del imputado puede brindar alojo a aquel y asistirlo económicamente.
“Cabe destacar que la búsqueda de alternativas, para evitar las consecuencias que implica el encierro carcelario, es una de las reglas por las que se debe velar. Por ello, evaluar la posibilidad de disponer medidas menos gravosas, resulta ajustado a los enunciados constitucionales que rigen en la materia”, sostuvo Ledesma en su voto.
El Código Penal, en su artículo 10mo, establece que puede otorgarse arresto domiciliario “cuando la prisión no excediera de seis meses podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres honestas y las personas mayores de 60 años o valetudinarias”. “La entrada en vigencia de la ley 24.660 amplió el catálogo de supuestos en los que se permite el arresto domiciliario. De esta manera, sin importar el tiempo total de la condena, se incluyó a las personas mayores de 70 años y a quienes sufran una enfermedad incurable en estado terminal, que podrán solicitar esta modalidad de cumplimiento de la pena”, según explicaron los jueces en el fallo.
Por mayoría, en autos “Giménez Amaya, Carlos s/recurso de casación”, la Sala III confirmó la decisión del Tribunal y rechazó el pedido de la defensa.