El Gobierno nacional aceptó la renuncia de una fiscal federal. Se trata de Amalia Sívori quien estaba a cargo de la fiscalía ante el juzgado federal de primera instancia de San Nicolás y había presentado su renuncia a partir del 1 de diciembre pasado. La dimisión había sido aceptada por el procurador General Esteban Righi y ahora fue ratificada por el Poder Ejecutivo que la publicó este vienres en el Boletín Oficial, a través del decreto 2258 que lleva la firma de la presidenta Cristina Kirchner y del ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
Chaco: fecha de exámenes para los postulantes a cargos en el STJ
Ya están las fechas de examen para los postulantes a cubrir los cargos de las dependencias judiciales de Sáenz Peña, Presidente Roca y Los Frentones. Los inscriptos para cubrir un cargo de secretario de primera instancia del Juzgado del Menor de Edad y la Familia de Saenz Peña, con funciones en el fuero civil y social-asistencial, fueron convocados para rendir el próximo 12 de febrero. El tribunal examinador estará integrado por los doctores Elia Pisarello, José Rodríguez (ambos jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo) y Mónica Morales (secretaria letrada de la misma Cámara). Por otra parte en la dependencia de Presidencia Roca deberán rendir el 26 de febrero, para cubrir el cargo de de secretario del Juzgado de Paz de tercera categoría, cuyo tribunal examinador estará integrado por los doctores Mirna del Valle Romero (jueza de Paz Nº 1), Amalio Aquino (juez de Paz de Barranqueras) y Nora Giménez (secretaria letrada de la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal). Por último, en la dependencia de Los Frentones los inscriptos concursarán por el cargo de secretario del Juzgado de Paz de tercera categoría de esta localidad, deberán rendir el 18 de febrero. El tribunal examinador estará formado por los doctores Isabel Strizik (jueza de Paz de Pampa del Infierno), Rafael Saucedo (juez de Paz de Las Breñas) y Nelson Mussín (inspector de Justicia de Paz).
Nada cambió en Aeroparque
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 (TOF4) encargado de llevar adelante el juicio por la tragedia del avión de LAPA en 1999 ordenó ayer remover “en forma urgente y definitiva” los obstáculos en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery. En ese sentido, el Tribunal le ordenó al Ministerio de Planificación, al Gobierno porteño, a la Secretaria de Transporte Aerocomercial, al Enargas, a Metrogas y a Aeropuertos Argentina 2000 para que remuevan dichos obstáculos. Éste es un pedido que venía haciendo gran parte de la defensa en el juicio, y a su vez la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), estos últimos por entender que aún había un riesgo en la seguridad aeropuertuaria con dichos obstáculos presentes.
Se aprobó el Protocolo Adicional a la Convención de Extradición
Con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó esta semana el Protocolo Adicional a la Convención de Extradición entre Argentina e Italia del 9 de diciembre de 1987, que se suscribió en Roma el 31 de marzo de 2003. El Protocolo Adicional entrará en vigencia desde “la fecha de la última notificación por la que las partes comuniquen que los requisitos internos necesarios para la entrada en vigor se han cumplido”, aclara el decreto publicado en el Boletín Oficial y agrega que se aplicará también a los pedidos de extradición aún pendientes. En agosto de 1998, Argentina negó la extradición de Augusto Cauchi, un ultraderechista italiano sospechoso de cometer un grave atentado en Bolonia que había sido arrestado en 1993 por INTERPOL en Buenos Aires. En diciembre de 2007, Italia pidió la extradición de 61 represores argentinos, por la desaparición de 25 de sus ciudadanos durante el Plan Cóndor. Entre los requeridos por Roma, figuraban el ex jefe del ejército, Jorge Rafael Videla, el ex titular de la Marina, Emilio Massera, entre otros.
La Justicia confirmó el procesamiento de Alderete por irregularidades en el PAMI
La resolución de la Sala II de la Cámara Federal porteña dejó más cerca del juicio oral al ex funcionario menemista Víctor Alderete al confirmar el procesamiento del ex interventor del PAMI por “administración infiel” en una causa que investiga la firma irregular de un contrato por casi un millón y medio de pesos en 1998. Los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani ratificaron que hubo un perjuicio a la administración pública con la firma de un contrato de asesoramiento para policlínicos del PAMI en la ciudad de Rosario. La Cámara ratificó además los procesamientos de miembros del entonces directorio del PAMI y de síndicos que avalaron la firma del contrato cuestionado.
Conflictos en la Auditoría General de la Nación
En el organismo de control, que depende del Congreso, se agudizó el enfrentamiento entre el peronismo y la UCR por la publicación de un informe. El auditor por el PJ, Oscar Lamberto, acusó a Leandro Despouy del radicalismo de haber transmitido “información tergiversada” sobre un escrito que pidió investigar por qué el segundo tramo del tendido eléctrico de alta tensión que va de Río Negro a Santa Cruz costó 48 por ciento más caro por kilómetro que el primero. Lamberto había señalado que “un informe de la AGN tiene que estar primero publicado en la página web del organismo, donde es de acceso público”. El ex diputado se quejó porque el informe fue difundido antes por la prensa. “A los auditores los apretó el Gobierno, no hay otro motivo para que cambien de opinión sobre lo que ellos mismos firmaron días atrás”, sostuvo el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, que denunció el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Morán defendió a Despouy y consideró “un escándalo” que los auditores del PJ sembraran dudas. Además, pidió al Congreso que aprobara la realización “urgente” de una nueva auditoría de la obra.