El padre de una de las 194 víctimas de la tragedia de Cromagnon pidió este miércoles que haya igualdad en las decisiones que toma la Justicia: que “se proceda a encarcelar a Omar Emir Chabán o a liberar a Alfredo Astiz”. Luis Fernández, padre de Nayla Soledad, señaló que mientras la Cámara de Casación ordenó la libertad de una veintena de represores, que luego frenó, el mismo tribunal dispuso la excarcelación del ex gerenciador de Cromagnón. La presentación fue realizada ante el Tribunal Oral Criminal Nº 24 que lleva adelante el juicio, los juzgados federales porteños, la Cámara del Crimen y la de Casación Penal. “Exijo que la ley sea ley y se aplique para todos por igual, y no se diferencie más entre ricos y pobres. Exijo una justicia independiente que no se someta a la obediencia debida. Exijo el fin de los jueces banales, cobardes y corruptos que tanto daño le hacen a la nación", escribió Fernández en su presentación”, reclamó Fernández.
Investigarán si hubo dumping en importaciones desde Brasil y China
La comisión nacional de Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana empresa, investigará si existió dumping en la venta de multiprocesadoras originarias de Brasil y de China a la Argentina. Así lo determinó el secretario de la cartera, Fernando Fraguío, según lo publicado en el Boletín Oficial. La pesquisa se originó en una denuncia de la empresa Liliana SRL. El dumping es una práctica de comercio por la cual una empresa fija un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos bienes vendidos en el país.
Depositaron el dinero
El reconocido psicólogo Jorge Corsi está muy cerca de recuperar la libertad puesto que un allegado suyo se presentó ante la Justicia como garante de los 100 mil pesos de caución que le fijó la Justicia al concederle la excarcelación. El allegado de Corsi presentó una vivienda para cubrir el monto de la caución, y ahora peritos oficiales realizarán una tasación de la misma para saber si cumple con dicha cifra. Corsi está imputado por “corrupción de menores”, delito por le cual se prevé que será juzgado a fin de este año. Al cierre de esta edición no había sido liberado.
El caso fue el de un ciudadano saudí acusado de planificar los atentados del 11-S
Por primera vez, una funcionaria del presidente de Estados Unidos George W. Bush admitió la aplicación de torturas en el campo de detención de Guantánamo (Cuba) a los prisioneros que allí se alojaron. Susan Crawford, quien fue responsable de la presentación de cargos contra los presos en esa cárcel dijo al diario The Washington Post que decidió no presentar acusación contra el saudí Mohammed al Qahtani tras comprobar que éste había sido sometido a tortura durante el interrogatorio. Crawford dijo que al Qahtani, acusado de participar en los preparativos de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, fue sometido a privación del sueño, expuesto a temperaturas muy bajas y se lo mantuvo incomunicado. “Las técnicas que se utilizaron estaban todas autorizadas, pero la manera en que fueron aplicadas fue excesivamente agresiva”, acusó Crawford que agregó que por los efectos que esos métodos causaban sobre la salud del detenido, llegó a la conclusión de que se trataba de un caso de tortura. Una de las promesas que campaña del presidente electo, Barack Obama fue clausurar el centro de detención de Guantánamo aunque en los últimos días advirtió que no lo podrá hacer con la celeridad que le habían reclamado los organismos de Derechos Humanos.
El represor Randolfo Agusti Scacchi se entregó a la Justicia
Prófugo desde mediados de diciembre, Randolfo Agusti Scacchi se entregó ante el Juez Federal Sergio Torres, en los tribunales de Comodoro Py. El represor es acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de detención de la Escuela Superior de mecánica de la Armada (ESMA), entre los que figuran, entre otros, la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados a los prisioneros en ese centro clandestino de detención. Torres ordenó en diciembre último la detención de Agusti Scacchi y otra decena de represores acusados en más de tres centenares de causas por la violación de derechos humanos durante la última dictadura militar.