Para el Defensor del Pueblo, “la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas, suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración”.
También, alerta de que más de la mitad de las instituciones utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria. Practica que se realiza en denominadas “salas de agitación” o de “reflexión”.
“Voy a poner en conocimiento de la Fiscalía este informe para que actúe de la manera que considere conveniente porque estos hechos tienen que ser investigados y, por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga”, dijo la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera.
En ese país las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de menores. Aunque , Cabrera indicó que el Observatorio de la Infancia, que depende del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, se va a poner en marcha “para contribuir a ese mejor conocimiento de lo que puede haber ocurrido”.
Entre las recomendaciones que marca el Defensor del Pueblo, propone prestar especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto; y establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta.
Por lo que les exigió a las comunidades autónomas que realicen un diagnóstico de los centros de menores. Hay quienes consideran que parte del problema es que la protección a menores, tarea que debería ser efectuada de forma primordial por los servicios públicos, se ha privatizado en casi todas las Comunidades Autónomas.
La gestión de estos centros, y a los que por orden del Gobierno va a investigar la fiscalía, está en manos de empresas creadas por Fundaciones, supuestamente sin ánimo de lucro, que logran sustanciosos contratos para hacerse cargo de estos menores conflictivos a los que nadie quiere.
Para realizar el informe, el defensor seleccionó 27 centros entre los 58 con los que cuenta el país ibérico. Inspeccionó establecimientos en todas las comunidades autónomas que cuentan con recursos de esta naturaleza, procurando seleccionar los gestionados por diferentes entidades a fin de conocer los distintos tipos de intervención que se están desarrollando con los menores.
De esos 27 centro en 25 la gestión esta a cargo de entidades privadas, aunque el responsable último de controlar es la comuna autónoma. Además un 71 % de esos centros son de apertura reciente, luego del 2001.
Por otra parte, Los menores atendidos en estos centros han pasado antes por todos los demás recursos de protección existentes. Los centros atienden a menores con edades entre los 11 y los 18 años. Pero la mayoría exige una edad mínima de 13 y sólo dos centros atienden a menores a partir de los 9 años. Los inmigrantes con problemas de conducta ingresan de forma preferente en centros especializados para menores extranjeros.