Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, señalaron que impugnarán los nuevos incrementos por considerarlos “ilegales y arbitrarios”. Según Mondino el único órgano facultado para establecer tributos es el Congreso de la Nación. Las boletas que llegaron esta semana (a hogares del Conurbano bonaerense) incluyeron los ajustes, autorizados desde el Ministerio de Planificación, a partir del 1° de septiembre y del 1° de noviembre para los usuarios que consumen más de 800 metros cúbicos anuales.
La tarifa abonada por el usuario se compone del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, la tarifa de transporte (gasoductos) y la tarifa de distribución. El cargo extra creado por el Decreto 2067/2008 se destinará a la creación de un fondo fiduciario que tiene por objetivo financiar la importación de gas por parte de ENARSA.Sin embargo, la norma califica al nuevo aumento como “cargo tarifario”, no pudiendo estimarse de esa manera porque no se vincula con ninguno de los costos que componen la tarifa.
“De esta forma, y mediante una norma que pretende atender a una de sus obligaciones (garantizar la provisión de gas), el Estado desatiende a otra obligación de rango constitucional, cual es proveer a la defensa del consumidor, sus intereses económicos y la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, generando una transferencia de recursos que, solo en el caso del sector residencial, se estima en el orden de 1.128 millones de pesos”, explica el comunicado del Ombudsman.
“El defensor del Pueblo considera (...) que el decreto debe ser anulado por ilegitimidad ya que ha sido dictado por un órgano (PEN) que no tenía competencia material para hacerlo”, concluye el documento.
Justamente el impacto en las facturas fue mayor al esperado porque se sumó el recargo para pagar importaciones de gas, que afecta a los consumidores medios y altos. Las facturas mostraron aumentos entre el 53 por ciento y el 250 por ciento, según los niveles de consumo.
La presidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores, Vivina Epis, calculó, en diálogo con Diariojudicial.com, un aumento promedio del 100 por ciento y alertó sobre los aumentos que se puedan producir durante el invierno, que pueden ser mucho mayores de que los que se dieron hasta ahora.
Las modificaciones en las tarifas del gas surgen a partir de dos resoluciones del Enargas, el ente regulador, que establecieron (en septiembre del año pasado) dos aumentos en el valor que perciben los productores de gas por cada metro cúbico. A eso se sumó el impacto mayor en los casos de las categorías que aportan al Fondo Fiduciario -establecido en el decreto 2067/2008- destinado a financiar las importaciones de gas -ante la declinación de la producción local y el aumento del consumo- que provienen desde Bolivia y desde el puerto de Bahía Blanca.
Respecto de la validez de los decretos que ordenaron el aumento de tarifas (congeladas durante los últimos años), Epis indicó que “los marcos regulatorios sobre el gas y la luz indican que cada vez que se tocan las tarifas, tiene que haber audiencia pública”.
Por su parte, Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuario y el Consumidor (ADDUC) aseguró a este diario que aún se están estudiando las facturas de gas pero es “más que seguro que se van a realizar acciones judiciales”. Además, convocó para el próximo miércoles 11 a una movilización frente a Energas y al ENRE por los aumentos de gas y luz.
Bassano, que participó ayer de una manifestación frente a la sede de Edesur de Puente La Noria, admitió que ya hubo presentaciones administrativas individuales por el aumento del gas.
Más cauto, Osvaldo Riopedre, titular de ADECUA indicó que desde la asociación se está estudiando la suba de gas pero todavía no se analizó ninguna factura. Riopedre sostuvo que aún no se estudió el decreto del fideicomiso.