La obra, en su pliego original debía estar terminada para el 22 de enero. Sin embargo, los inconvenientes suscitados con dos licitaciones, una relacionada con la central telefónica del edificio valuada en 2 millones de pesos y otra correspondiente a las instalación de las cortinas metálicas, en las cuales las empresas adujeron problemas económicos como consecuencia de la gran crisis mundial, complicaron la culminación del proyecto.
Esta demora llevó al STJ de la provincia a poner en marcha nuevamente las licitaciones. Una vez terminada la obra edilicia, restará la mudanza a las nuevas instalaciones, lo que también lleva un tiempo considerable de ejecución y un presupuesto acorde.
Según estimaciones del Superior Tribunal, para instalarse en la nueva Ciudad Judicial, se necesita una inversión de 6 millones de pesos más la incorporación de técnicos especializados.
Quien presidió el STJ durante el año pasado, Víctor Menéndez, explicó “en Salta una mudanza de este tipo les demandó 45 días. Hay que cortinar nueve mil metros, la inversión en ese solo rubro sería casi de un millón de pesos” y agregó “es la segunda obra en importancia detrás del acueducto, tiene tres mil metros más que el complejo de Casa de Gobierno”.
Menéndez también hizo hincapié en el aspecto tecnológico: “la tecnología aplicada con un sistema inteligente es impresionante, necesitaríamos incorporar a ocho técnicos” por lo que “de base necesitaríamos para instalarnos una inversión de unos seis millones de pesos, por lo menos”.
Ahora bien, desde el ejecutivo provincial amplió el plazo de entrega de la obra a la empresa adjudicataria de la construcción, Riva S.A.I.I.C.F.A, por 45 días. Lo que significa que la obra estará terminada recién para mediados de marzo. Igualmente aclararon que, la obra “física” ya se encuentra concluida y lo que resta es realizar las pruebas electromecánicas del nuevo edificio.
La Ciudad Judicial de La Pampa es una obra de larga data que comenzó a delinearse a través de un concurso nacional en el que participaron más de setenta firmas del país. Su ejecución había sido pactada en 720 días con un costo de $ 52 millones 963 mil pesos y su idea primigenia es transformar el sitio elegido en un “polo cívico institucional representativo del Poder Judicial”.
Con el edificio en funcionamiento lo que se pretende es satisfacer el desarrollo concentrado de las funciones propias de la Justicia.
Albergará entre otras dependencias a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Criminal; Juzgados en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería; Juzgado de la Familia y el Menor; Juzgado en lo Correccional y de Instrucción, Procuraduría General; Fiscalía de Cámara y Agentes Oficiales.
También pasarán allí, las Defensorías Civiles, Penales, Celdas de Tránsito para 20 imputados, Biblioteca, Archivo, Registro de Bienes, Secretaría de Sistema y Organización, Servicios Generales, depósitos y suministros, mantenimiento, maestranza, auditorio, aulas, confitería, locales comerciales, locales institucionales, sucursal Banco, oficina de rentas, caja forense, consultorio médico y estacionamiento.