En el fallo, los jueces Raúl Nardoni, Raúl Parra, Fortunato Suárez y Susana Pachecoy argumentaron que “la ilegalidad de la Resolución 858/91 frente a la vigencia de la ley 2695, al momento de su dictado, en cuanto viola el régimen de equiparación y porcentualidad que la misma establece, afectando el principio de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces (entendido en su amplio concepto) y la ilegitimidad en cuanto pretende establecer una distinción inaceptable, cual es la de entender que el adicional que establece pueda ser de carácter no remuneratorio y no integrar el haber básico”.
Agregaron que “con la vigencia y cumplimiento de la ley 6151 cesa toda discusión respecto la ilegitimidad de la Resolución 858/91 y con autoridad de ley. En sentido coincidente con los jueces que me preceden en el voto, es el propio Estado Provincial el que ha reconocido la ilegitimidad de la Resolución 858/91, aunque con efectos hacia delante (art. 3 Código Civil)”.
Desde el gobierno provincial se objetó el fallo por considerar que viola la Constitución provincial. Es así como desde la Fiscalía de Estado se solicitó al tribunal ad hoc actuante en esta causa que cumpla con lo establecido en la Constitución provincial, ya que deben ser cinco los integrantes del tribunal.
Según la Fiscalía de Estado no correspondía el dictado de ninguna sentencia o resolución en violación a la Constitución y a la ley de procedimientos que rige al respecto. Un fallo dictado en esas condiciones sería nulo.
En declaraciones a medios locales, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, adelantó “dispondrá de los mecanismos recursivos y si es necesario llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia”, ello en el marco “en el marco del desenvolvimiento de las acciones institucionales que son necesarias para preservar el patrimonio público y la sustentabilidad fiscal de la Provincia”.
La causa “Müller” es producto de un aumento que en el año 1991 se otorgaran los jueces del STJ del Chaco y que no se trasladó al resto de los empleados judiciales. En su momento generó unas 1200 presentaciones judiciales ya que existía una ley de enganche (derogada en 2008 por los legisladores provinciales) por medio de la cual debía trasladarse los aumentos al resto de los empleados del Poder Judicial chaqueño.
Según una estimación propia del Superior Tribunal, la deuda alcanzaría unos 2 mil millones de pesos, aunque se cree que por la inflación del último tiempo la cifra podría ser mayor ya que este monto fue calculado en 2001, según dejó sentado el actual presidente del STJ.
No obstante, desde la Unión de Trabajadores Judiciales se dijo que no se pretende hacer quebrar a la provincia con el cobro de la recomposición salarial. En palabras del Secretario General de la UTJ, Walter Bernard “existe el derecho al reconocimiento del trabajador, pero no queremos quebrar la provincia; lo que queremos es cobrar por el trabajo que realizamos y de alguna manera vamos a negociar con el gobierno”.