Según consigna la ley, las declaraciones juradas deben ser “remitidas por los respectivos organismos dentro de los 15 días corridos de la presentación”. Además este organismo es el encargado de informar sobre quienes hayan incumplido con dicha presentación.
Además se establece que en el sitio de la Escribanía General debieran figurar “las declaraciones patrimoniales “personas físicas que se desempeñen en la función pública en cargos electivos o no, en todos los niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, remunerada u honoraria en el sector público provincial”.
Lo que incluye al gobernador, sus ministros, intendentes, jueces del Superior Tribunal de Justicia, y a todos los funcionarios que detenten cierta jerarquía dentro del Estado. No obstante lo cual cabe destacar que de los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia sólo dos poseen su declaración jurada en el sitio. Ellos son el presidente del Tribunal Ramón Ávalos y el ministro Ricardo Franco.
Claramente la ley dice que esa presentación de las declaraciones juradas “deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles desde la asunción a sus cargos, debiendo actualizarla anualmente la información contenida en esa declaración jurada”.
El acceso a las declaraciones juradas en el país En 12 de las 24 provincias del país, a partir de un estudio de la Oficina Anticorrupción (OA), no se puede acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios. En otras 5 provincias las declaraciones no son secretas, pero para acceder a ellas hay que superar trámites engorrosos de resultados inciertos. Sólo en 7 distritos los detalles patrimoniales de los gobernantes son públicos, por lo menos en parte. Las provincias en las que prevalece el no se puede acceder a las declaraciones juradas son Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Catamarca, Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Corrientes.
Las declaraciones juradas son un instrumento de prevención de los delitos contra la administración, previsto en la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la que Argentina adhiere desde 1997.