“En la investigación detectamos muchísimos problemas, sobretodo que se vulneraban derechos de primera generación que tiene la gente, es decir los derechos a la identidad”, contó Galarza en diálogo con Diariojudicial.com, quien realizó la comparación que en las grandes ciudades las preocupaciones son otras como son los “derechos del consumidor o de medio ambiente”.
La investigación caratulada “víctimas invisibles” es porque –según explicó Galarza, son personas indocumentadas que son “invisibles para el Estado y para la Sociedad” y por ello intentarán “visibilizar esas víctimas”.
“Por distintos motivos al ser provincia limìtrofe existe la creencia que toda persona indocumentada es extranjera. Esa lucha que tengo con ese preconcepto es también con ciertos funcionarios que tienen a cargo de dar la solución me ha llevado a crear programa Víctimas Invisibles”, explicó Galarza.
El problema se da cuando los padres no pueden inscribir a sus hijos, puesto que también ellos no cuentan con documento de identidad. Según el Defensor, hay situaciones en tres generaciones no cuentan con DNI (padres, hijos y nietos). De acuerdo a un relevamiento que realizó la Defensoría jujeña en algunas localidades de la Provincia, del total de indocumentados el 62 por ciento es de nacionalidad argentina, y de ese total el 90 son niños.
Además, aseguró que es tal la “burocracia” que en algunos casos se demoran de “tres, cinco y de hasta nueve años en entrega de documentos”.
“Estamos preparando una resolución donde estamos enviando a la Justicia todos aquellos casos que hemos detectado. Le vamos a pedir que solucionen el problema porque la mayoría de los chicos, que no tienen la culpa de que el padre es indocumentado, se le están violando sus derechos”, adelantó.
Desde la Defensoría propondrán que aquellos niños cuyos padres no cuentan con documentos, sean inscriptos mediante la toma de huellas dactilares de sus madres antes del parto. “Con ese certificado podrían ir a inscribir al chico sin la necesidad de que el padre tenga DNI”, agregó.