Dos de las cuatro asociaciones judiciales que nuclean a los jueces en España, la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), fueron las que convocaron al paro.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio acorde con la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 puestos judiciales (ahora hay 4.400, con jueces profesionales) con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
Según datos ofrecidos por los convocantes, unos 2.200 jueces secundaban por la mañana el paro de los 3.500 que estaban convocados a hacerlo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se opuso a la huelga, dijeron que algo más de un 35 por ciento del total de los jueces son los que siguieron el paro.
“La huelga refleja la situación de hartazgo que ha surgido a través de la espoleta de las declaraciones de los políticos y porque estamos hartos de soportar la mayor carga de trabajo de toda Europa”, dijo el juez decano de Madrid, José Luis Armengol.
El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo confirmó el miércoles el desarrollo de un plan de “modernización” del sistema judicial español que sufre “30 años de retraso” en materia de inversiones. Aunque también dijo que llevará al Consejo de Ministros una ley en busca de regular "el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos, desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga”.
Según datos del 2008, el CGPJ consideró que los casos pendientes de resolver en los juzgados y tribunales españoles suman la cifra de 2.510.673. El mismo organismo ya había advertido que esta huelga era “ilegal” en medio de un debate acerca de si como tercer poder del Estado tienen derecho a la huelga.
Los jueces que se adhieren a la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario, pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo. Lo que es complicado por la variabilidad de la actividad de trabajo que poseen los jueces durante sus jornadas laborales.