Se presentaron las partes en conflicto que fueron interrogadas por el Máximo Tribunal acerca de los desmontes y talas indiscriminados realizados en las zonas de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
El abogado de la parte demandante, Raúl Ferreyra, expuso de manera concisa los argumentos por los cuales se considera indiscriminada la tala y desmonte en Salta, ya que “no hay el mínimo criterio de razonabilidad”.
Por parte de Salta, concurrieron a la audiencia, el Fiscal de Estado, Ricardo Nicolás Casali Rey y el Secretario de Medio Ambiente de la provincia, Julio Nasser. Y en representación del Estado Nacional, se encontraba el Secretario de medio Ambiente, Homero Bibiloni.
En cuanto al fuerte incremento de asignaciones de autorizaciones para desmontes durante el último trimestre del 2007, el Fiscal provincial dijo que “son acumulación de expedientes realizados entre el 2005 y el 2006, peticiones anteriores” a lo que Ferreyra retruco que estaba “ligado con la actividad agrícola, más específicamente con el avance del monocultivo”.
También Nasser aclaró que es “el proponente es el que tiene que realizar el informe del impacto ambiental” y que luego el estado provincial lo que hacía era verificar el campo. Además agregó que quien era el responsable de otorgar las autorizaciones era la Secretaria sin intervención del Poder Ejecutivo. De igual manera, el Estado Nacional aclaró que “no hubo articulación con la provincia en ese momento”.
Una pregunta recurrente por parte de los magistrados a las partes implicadas fue si el desmonte de los bosques era una de las causales del alud ocurrido en Tartagal. Ante ello las respuestas fueron dispares.
Para los demandantes no se puede deslindar lo ocurrido del desmonte. No opinan del mismo modo los representantes del gobierno salteño ni nacional. Para Casali Rey “no hay, por el momento, ninguna base científica que relaciones el desmonte con lo ocurrido en Tartagal”. Siguiendo con esta línea el Ministro provincial dijo que lo ocurrido “es producto de la combinación de la pendiente, las lluvias y la fragilidad del suelo”.
También fue consultado acerca de ello Bibiloni, quién respondió que “todo desmonte tiene su grado de incidencia pero que en este caso no fue la determinante”.
En otro orden de cosas, al ser consultados por el pedido de levantamiento de la medida cautelar, los representantes del gobierno de Salta expresaron “que el pedido de levantamiento es más que nada, una cuestión jurídica. Ya que las autorizaciones que se han otorgado son producto de un proceso legal”.
“He llegado aquí para pedirles que nos tengan en cuenta” dijo el representante de la comunidad wichí de Salta, Dino Salas y agregó que viene a pedir “el derecho que tenemos a tener nuestro territorio ancestral”.
En Salta existe poco más del 20% de bosques nativos del país. Se perdieron 12 mil kilómetros cuadrados de bosques nativos en los últimos 10 años y sólo en 2007 4334 kilómetros fueron desmontados.
Pedido de explicaciones
Durante la exposición del Secretario de Medio Ambiente de la Nación, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le pidió explicaciones a este por la demora en la reglamentación de la ley de Bosques 26.331, dada a conocer por el Boletín Oficial el lunes pasado tras 14 meses de su sanción.
Ante esto, Bibiloni, argumentó que la reglamentación “poseía problemas técnicos” y que con la nueva reglamentación “logramos el consenso con el COFEMA”. Lo que generó una reglamentación menos burocrática y más descentralizada.